Iglesia Católica rechaza que aborto sea un derecho en México

Pese a que la SCJN declaró inconstitucional la criminalización del aborto, la Iglesia Católica aseguró que la interrupción del embarazo no es un derecho para las mujeres en México

La Iglesia Católica de México rechazó este domingo que el aborto sea un derecho en el país y pidió que no se "aproveche" el caso mediático de un bebé abandonado en la calle para "aprobar" la interrupción del embarazo, pese a las leyes que la permiten y las sentencias de la Suprema Corte que impiden su criminalización. En su editorial dominical "Desde la Fe", la arquidiócesis mexicana citó el caso de un recién nacido que fue abandonado el martes pasado en la vía pública en el municipio de Tultitlán, el central Estado de México, quien sobrevivió, mientras sus jóvenes padres enfrentan cargos por tentativa de homicidio. La Iglesia reclamó que "los bebés no tienen la culpa", ante "quienes intentan argumentar que para evitar una situación como esta, se debe aprobar el aborto". "La publicidad engañosa hace creer que el aborto es un derecho”, insistió la Arquidiócesis mexicana, y calificó la interrupción del embarazo como una práctica de "muerte". "El aborto es una práctica en la que hay una muerte, la del ser humano en desarrollo, legal o no, la muerte es un hecho", consideró. No obstante, desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del delito de aborto en todo el país, obligando a los estados a reformar sus legislaciones y a garantizar el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.

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Este caso ha generado controversia en el país por la desinformación en torno a los métodos para el aborto seguro y los plazos que ONG consideran insuficientes para acceder al servicio. La arquidiócesis resaltó que este suceso "además de tratarse de un acto de crueldad, también es ilegal, por haberse intentado en meses de embarazo avanzado". Sin embargo, en el Estado de México el aborto voluntario fue despenalizado apenas en noviembre de 2024, generando un retraso en la garantía de los servicios para las mujeres y personas gestantes que requieran interrumpir un embarazo. Organizaciones civiles, como Human Rights Watch (HRW), han advertido que la criminalización social sigue siendo una de las principales barreras que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país. Hasta ahora, 21 de los 32 estados del país han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Corte que hace dos años determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros. En los 11 estados restantes, el aborto está permitido en cualquier momento del embarazo solo en casos de agresión sexual y otras causales legales como peligro de muerte o daños en la salud para la persona gestante.

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