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Habitantes, empresarios y activistas de la frontera sur de México están inquietos por la declaración de estado de sitio en Guatemala debido a la violencia extrema de las pandillas
En la frontera mexicana con Guatemala, ciudadanos, empresarios y activistas reconocieron este miércoles un clima de inquietud y preocupación tras el estado de sitio de 30 días decretado por el Gobierno de Guatemala para combatir a las pandillas y un riesgo de que los delincuentes crucen.
Así lo indicó Walter Orozco, empresario de Tapachula, quien llamó a las autoridades mexicanas para que se refuerce la frontera sur y aumentar la seguridad con patrullajes en sus diversos sectores ante el temor e incertidumbre del ingreso de pandilleros a la frontera sur.
“El efecto cucaracha de los migrantes que pasan por el río. Prácticamente, no hay un control absoluto, sirve de paso para ese tipo de personas y pasa de todo ahí. Y por eso, el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en el río Suchiate (frontera natural entre ambos países)", remarcó Orozco a EFE.
Tapachula, la mayor ciudad mexicana en la frontera con Guatemala y ubicada en el sureño estado de Chiapas, ha sido en los últimos años uno los epicentros de la crisis migratoria global.
En este sentido, el activista y defensor de derechos humanos en la frontera sur Luis Rey García Villagrán, apuntó que hay pandilleros que concurren a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar su situación o se aprovechan de migrantes vulnerables.
“Tapachula, la frontera sur, es zona 'Mara' (pandilla). Definitivamente hay testimonios de migrantes que son presuntamente acosados por el control, ha habido homicidios en que ellos son los responsables, la autoridad y la ciudadanía debe estar muy pendientes de lo que está ocurriendo”, advirtió García.
Desde Guatemala, el presidente, Bernardo Arévalo de León, defendió este martes la capacidad de respuesta y la preparación de los organismos de inteligencia de su país, tras la crisis desatada por motines simultáneos en tres cárceles y una posterior ola de ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC).
Arévalo vinculó la violencia en las calles —que ha dejado diez policías fallecidos— a una represalia directa de las "mafias político-criminales" y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Según el gobernante, estos grupos intentaron generar una crisis de rehenes que fracasó ante la intervención estatal.