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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existe la posibilidad de que el llamado "Plan B" de la reforma electoral no sea aprobado en el Senado; dijo que la decisión final recae en el Poder Legislativo
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existe la posibilidad de que el llamado “Plan B” de la reforma electoral no sea aprobado en el Senado de la República, y subrayó que desconoce el sentido del voto de las y los legisladores.
“Depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores uno a uno para ver cómo van a votar”, afirmó durante su conferencia matutina, y señaló que el Ejecutivo ya cumplió con enviar la iniciativa. Además, sostuvo que su responsabilidad es presentar propuestas, pero la decisión final recae en el Poder Legislativo.
Sheinbaum Pardo defendió que la propuesta busca reorientar recursos públicos hacia programas sociales e infraestructura. “Lo principal del Plan B es disminuir privilegios… ese dinero se va directo a la gente”, indicó, al tiempo de señalar que los ahorros podrían destinarse a obras como agua potable o transporte público.
También cuestionó los altos ingresos de algunos funcionarios electorales y legisladores. “¿Por qué un consejero del INE debe ganar más que la presidenta, cuando la Constitución establece que nadie debe ganar más?”, planteó.
Sobre el escenario legislativo, la mandataria admitió que su gobierno contempla la posibilidad de que la iniciativa no avance, como ocurrió con la reforma electoral previa. En ese sentido, consideró que el proceso legislativo permitirá evidenciar la postura de las distintas fuerzas políticas.
“¿Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios? Eso también muestra quién es quién”, dijo Sheinbaum.
La propuesta será discutida en el Senado, donde se requiere mayoría calificada para su aprobación, antes de pasar a la Cámara de Diputados y a los congresos estatales en caso de avanzar.
El denominado “Plan B” plantea, entre sus ejes centrales, la reducción de privilegios en el sistema político-electoral, incluyendo ajustes en salarios y gastos de funcionarios, así como la disminución de estructuras en gobiernos locales y congresos. Asimismo, la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto, como ocurre actualmente, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales.