Contenido
La Cámara de Diputados avaló la reforma para limitar las pensiones excesivas en organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las modificaciones a la Constitución para limitar las llamadas “pensiones doradas” de jubilados de los organismos descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Nafin.
Por mayoría calificada de 363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, las y los diputados avalaron reformas a las fracciones II y III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados. El documento fue enviado a los Congresos de los estados para su análisis y votación.
Durante la discusión de este dictamen, jubilados de CFE, Pemex, entre otros, protestaron a las afueras de San Lázaro e incluso trataron de ingresar al recinto legislativos a “cacerolazos”, pues reclamaron que esta reforma es retroactiva, abusiva y viola sus derechos como extrabajadores.
Este proyecto, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que “ninguna persona servidora pública” deberá tener una jubilación o pensión mayor a la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, lo cual se traduce en un aproximado de 67 mil pesos.
Quedan excluidas de esta reforma las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios.
Asimismo, en los artículos transitorio se señala que a partir de la entrada en vigor del presente decreto todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas, y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en esta reforma, incluyendo las que se encuentren vigentes, lo que se puede traducir como una retroactividad.
Mientras que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos, por ejemplo, en los casos de los ministros en retiro.
Al abrir la discusión de esta iniciativa, la diputada Haidyd Arreola López (Morena), defendió la reforma al señalar que se busca corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones, ya que hay un contraste de “pensiones doradas” con “pensiones de pesos”, con jubilados que reciben una pensión mensual de 4 mil 511 pesos contra casos como los de Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex que recibe una pensión por la cantidad de 1,100,361.34 pesos al mes.
“El análisis técnico de esta comisión parte de un diagnóstico claro, el sistema de pensiones en México representa profundas desigualdades, tanto en el acceso como en los montos percibidos”, dijo.
Mientras que la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN), sostuvo que, aunque su partido está en contra de las llamadas “pensiones doradas”, y de los abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado, “también es cierto que miles y miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados”.
Y es que la también exprimera dama durante el gobierno de Felipe Calderón, alertó que con esta reforma se está por aprobar “un punto reprobable y perverso”, que violenta el derecho humano a la no retroactividad en perjuicio de persona alguna.
“Contempla a miles y miles de familias que no tenían pensiones exorbitantes y que, sin razón alguna, los colocaron en el mismo cajón…se violenta el principio de retroactividad de la ley…la iniciativa deja expresamente excluidos a otros servidores públicos. Pues sí, como Arturo Zaldívar (ministro en retiro), que a lo mejor hizo la iniciativa y que recibe o por lo menos pidió una pensión dorada”, lanzó.
En el mismo sentido, el diputado César Alejandro Domínguez (PRI) acusó que esta reforma es un intento deliberado para vulnerar derechos adquiridos que rompe el orden constitucional y sienta un precedente peligroso para el futuro del país.
“Morena pretende aprobar una iniciativa que puede ser regresiva y que puede atentar contra derechos adquiridos... Y lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Si permitimos que el Estado modifique derechos ya adquiridos, entonces estamos aceptando que ningún derecho en México está garantizado. Puede ser modificado en cualquier momento.”, dijo.
Por su parte, a diputada Lilia Aguilar Gil (PT) reconoció que esta reforma tiene cambios inquietantes, por lo que llamó a que “la retroactividad para personas que tuvieron su pensión de manera legal, como se conoce en términos coloquiales, es decir, que cumplieron con sus años de servicio y que de manera formal iniciaron un proceso de pensión, puedan mantenerla”.