Tribunal federal ordena investigar tortura contra Mario Aburto

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Un tribunal federal concedió un amparo a Mario Aburto Martínez para que la FGR investigue la supuesta tortura sufrida por el autor confeso del magnicidio de Colosio en 1994

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió un amparo a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las presuntas prácticas de tortura en su contra.

Por unanimidad, los magistrados Alberto Torres Villanueva, Nelly Montealegre Díaz y Jorge Vázquez Aguilera revocaron la sentencia emitida por la jueza segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal, Xiomara González, quien en junio del año pasado decidió no otorgarle la protección de la justicia federal.

Previamente, la FGR notificó a la juzgadora federal que no había encontrado elementos para ejercitar acción penal por los supuestos actos de tortura cometidos contra el sentenciado, luego de su detención en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994.

En aquel entonces, la institución determinó que Aburto Martínez no había sido víctima de tortura durante aprehensión y traslado a la Ciudad de México.

Según la versión de la FGR, la Fiscalía Especial de Investigación del Delito Tortura presentó una consulta en noviembre de 2023 para descartar que haya sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes a lo largo de su detención y proceso penal.

La defensa de Mario Aburto Martínez recordó que todavía está pendiente un recurso presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además, recordó su intención de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga en el caso, así como la todavía pendiente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por el magnicidio del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Aburto Martínez sigue cumpliendo una pena de 45 años de prisión en un penal federal ubicado en el municipio de Ocampo, estado de Guanajuato.

Debido a las amenazas recibidas a raíz de este caso, su familia vive exiliada en Estados Unidos.

Como consecuencia de las irregularidades y diferentes versiones de lo sucedido, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta como “un crimen de Estado”.

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