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El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que el Gobierno de México ha implementado diferentes acciones para combatir el tráfico ilegal de combustible
El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que la iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act, presentada el 14 de mayo de 2026 por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen en Estados Unidos, refuerza la urgencia de colocar el robo de combustibles en el centro del debate público y legislativo, porque se trata de una actividad que debilita a Pemex, erosiona la recaudación y fortalece a organizaciones criminales que operan con redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado.
Dicha iniciativa no sustituye el diagnóstico nacional, sino que lo robustece al reconocer que el contrabando de hidrocarburos ya es una amenaza regional que exige respuestas coordinadas, técnicas y firmes. Pemex estima que en 2024 fueron robados cerca de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019. Ese dato confirma la magnitud de una economía ilícita que ya no puede ser tratada como un problema marginal.
Señaló que el daño fiscal es igualmente grave, pues el propio documento legislativo advierte pérdidas por miles de millones de dólares para el Gobierno de México y una afectación diaria cercana a 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales. A ello se suma que entre 16 y 27 por ciento del consumo anual de combustibles en México provendría de fuentes ilegales, lo que revela una penetración preocupante del mercado ilícito en la cadena energética nacional.
En ese mismo sentido, Ramírez Cuéllar puntualizó que México ya desarrolla acciones propias que van en línea con esas recomendaciones, orientadas al fortalecimiento de las aduanas, el combate a la corrupción, la inteligencia financiera, el uso de marcadores químicos y el refuerzo de la trazabilidad del combustible, con el propósito de desarticular desde el origen las redes de robo y contrabando de hidrocarburos.