Ley de aguas no viola derechos humanos: DDHQ y CNDH

Después de un análisis jurídico conjunto, la DDHQ y la CNDH anunciaron que no presentarán acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la ley de aguas del estado de Querétaro

Tras un análisis conjunto, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyeron que la Ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento no viola los derechos humanos. “En este sentido y con fundamento en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 61, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se detectó una violación de los derechos humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales”, determinó el análisis jurídico realizado por ambos organismos autónomos. Como consecuencia de dicha conclusión, ni la DDHQ y tampoco la CNDH impugnarán -mediante la presentación de una acción de inconstitucionalidad- la llamada ley de aguas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Ambos organismos autónomos anunciaron su decisión poco antes de que concluyera el plazo constitucional de 30 días naturales para recurrir ante el Alto Tribunal esta legislación, la cual fue publicada el 21 de mayo pasado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. “Habiendo realizado una interpretación conforme a los instrumentos normativos de carácter internacional, nacional y local; así como a los criterios establecidos por la CNDH, no se advirtió ninguna contradicción entre los preceptos de la ley estatal y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, explicaron. Asimismo, tras la entrada en vigor de la ley de aguas, la DDHQ y la CNDH hicieron un llamado a las autoridades queretanas y los concesionarios para que garanticen la distribución digna y accesible del líquido vital; por lo que -enfatizaron- deben cumplir los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad.

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