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El análisis de una nueva ley de aguas en el Congreso Local incluirá la participación de los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, organizaciones civiles y organismos operadores
La diputada Andrea Tovar Saavedra, presidenta de las comisiones unidas de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable; Asuntos Municipales; Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones; Medio Ambiente y Cambio Climático; y Seguimiento de la Agenda 2030 en el Congreso de Querétaro, presentó a las y los legisladores el plan de trabajo para revisar las iniciativas sobre una nueva ley de aguas que buscan reformar, adicionar o incluso sustituir la legislación vigente en la materia.
Señaló que el objetivo es construir un marco jurídico que responda a los retos que enfrenta Querétaro, entre ellos el crecimiento poblacional, la presión sobre los acuíferos, la ampliación de la cobertura de los servicios, el saneamiento, la infraestructura y la protección de los ecosistemas.
Como parte del proceso, informó que establecerán un convenio de colaboración con el Centro Estatal de Participación Ciudadana, organismo que acompañará los trabajos legislativos.
La ruta contempla una etapa de diagnóstico y análisis técnico en la que participarán autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos operadores de agua, instituciones académicas, organizaciones civiles y especialistas en la materia. Además, realizarán mesas técnicas y espacios de consulta pública para enriquecer el contenido de las iniciativas.
Tovar Saavedra detalló que actualmente existen cuatro iniciativas formalmente turnadas para su estudio; sin embargo, se solicitó incorporar otras seis propuestas relacionadas con el tema hídrico, con el propósito de realizar un análisis integral de todas las alternativas planteadas.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, destacó la necesidad de contar con una legislación que responda al crecimiento poblacional del estado y pidió que la discusión no se convierta en una confrontación partidista. Señaló que el análisis deberá considerar aspectos relacionados con el derecho humano al agua, la participación ciudadana, los elementos técnicos y la disponibilidad presupuestal.