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Silvia Amaya Llano, rectora de la UAQ, afirmó que mantiene diálogo institucional con el Congreso Local para avanzar en la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, se mostró confiada en que para 2026 avance la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la institución, luego de un proceso que ha enfrentado retrasos y ajustes en coordinación con autoridades estatales y legislativas.
“Yo espero que sí, estamos muy interesados en que salga. Recordemos que la universidad es autónoma porque al interior trabajamos nuestra normativa”, expresó, al referirse a la iniciativa impulsada originalmente por la diputada local Claudia Díaz Gayou.
Amaya Llano explicó que la universidad ha realizado actualizaciones internas y “cambios menores” derivados de la retroalimentación entre ambas partes, por lo que ahora corresponde que el Ejecutivo estatal presente formalmente la propuesta ante el Congreso local. Reconoció que, aunque no existe un calendario definido, el diálogo institucional se mantiene activo.
La reforma a la Ley Orgánica fue aprobada de manera preliminar por el Consejo Universitario y busca actualizar el marco normativo de la UAQ para responder a las necesidades actuales de la comunidad académica y de investigación, en un contexto de transformación constante.
En otro tema, la rectora destacó que la UAQ mantiene su estrategia de acercar la educación superior a comunidades alejadas mediante planteles propios o incorporados. “Existen complicaciones en zonas serranas, carencias económicas o de movilidad que impiden que los jóvenes se trasladen a otros municipios para seguir estudiando”, señaló.
Indicó que planteles como Jalpan y San Juan del Río registran mayor crecimiento, aunque Amealco y Cadereyta presentan una demanda relevante en programas que no se ofrecen en el campus central. Añadió que la Secretaría Académica da seguimiento a las escuelas incorporadas, tanto de nivel medio superior como de licenciatura, para garantizar el cumplimiento de los requisitos institucionales.