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Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, explicó que los casos de extorsión ocurren de manera virtual o telefónica desde centros penitenciarios ubicados en el norte de México
El fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernandez, subrayó que Querétaro no tiene una incidencia de extorsión como en otras entidades federativas.
Refirió que en el estado, las extorsiones no se ejecutan por contacto físico directo con la ciudadanía, sino de manera telefónica o virtual, como indicó el gobernador Mauricio Kuri González.
Ante el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, señaló que la iniciativa para la armonización de ley local con la federal, la trabajarán con el Poder Ejecutivo del Estado.
“Nosotros tuvimos una reunión en la conferencia nacional de fiscales, es decir, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia asistieron todos los fiscales del país y esta reunión fue encabezada por la Fiscal General de la República. A partir de eso se dieron las directrices. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que se realice una homologación y se incorporen protocolos que sean aplicados por todas las fiscalías del país”, expuso.
Puntualizó que muchas de las llamadas de extorsión en la entidad provienen de centros penitenciarios del norte del país. No obstante, sostuvo que en los centros penitenciarios de Querétaro no se presenta dicha situación.
“Aquí en Querétaro no tenemos esa situación, como ustedes recordarán, tenemos un buen sistema penitenciario reconocido a nivel nacional, incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, añadió.
En otro tema, al ser cuestionado sobre qué autoridades federales intervienen cuando se presentan casos como el de la empresa financiera ubicada en High Park, que fue denunciada por la probable comisión del delito de fraude genérico y, en consecuencia, sujeta de cateos, el fiscal confirmó que es necesaria la participación de las autoridades encargadas de regular instituciones financieras, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.
“¿Por qué? Porque se estima que este tipo de situaciones en las que se utiliza el sistema financiero para afectar y obviamente defraudar a las personas, afecta directamente cuestiones que son de competencia de la federación”, dijo.
