Contenido
- Luis Humberto Fernández, diputado federal de Morena, presentó una propuesta para impulsar la vivienda popular en Querétaro; será planteada por regidores de su partido a alcaldes de la zona metropolitana y desarrolladores inmobiliarios
- Diputado del PAN acusa ilegalidad en consejo de asesores para revisar cuentas públicas
Luis Humberto Fernández, diputado federal de Morena, presentó una propuesta para impulsar la vivienda popular en Querétaro; será planteada por regidores de su partido a alcaldes de la zona metropolitana y desarrolladores inmobiliarios
El diputado federal de Morena, Luis Humberto Fernández, presentó una propuesta para impulsar la vivienda popular en Querétaro, la cual, dijo, será planteada por regidores de su partido a los alcaldes de la zona metropolitana y a desarrolladores inmobiliarios, con el objetivo de reducir los costos que hoy impiden su construcción.
La propuesta contempla cuatro medidas principales: que las utilidades de los desarrollos sean socialmente responsables; la exención del pago del traslado de dominio para viviendas con un valor menor a 713 mil pesos; el acceso gratuito a la toma de agua; y la reducción al 20 por ciento de los gastos y derechos notariales.
Explicó que Querétaro ha duplicado su población en los últimos 20 años y que en ese periodo se han construido más de 100 mil viviendas, aunque menos del 5 por ciento de las edificadas en 2025 correspondieron a vivienda popular, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda.
Indicó que más de 40 mil familias en el estado cuentan con los puntos necesarios para acceder a un crédito Infonavit, pero no pueden ejercerlo debido al alto costo de las viviendas, ya que prácticamente no existe oferta en el segmento de vivienda popular, cuyo tope es de 200 UMAs, equivalentes a 713 mil pesos.
Detalló que, aunque el costo del terreno puede rondar los 180 mil pesos y la construcción entre 300 y 600 mil pesos, los impuestos y derechos locales elevan significativamente el precio final. Señaló que el traslado de dominio y los derechos del registro público pueden sumar hasta 150 mil pesos, además de costos por toma de agua que alcanzan los 70 mil pesos.
Finalmente, el legislador sostuvo que se trata de una propuesta legal y viable, que será presentada en los municipios como una convocatoria para atender un problema social, y adelantó que también se promoverá un exhorto para su implementación, al asegurar que no existe impedimento legal para su aplicación.