Contenido
De acuerdo con el especialista Héctor Parra, aunque la intención de abrir la participación ciudadana puede considerarse positiva, la figura planteada no está contemplada en la Constitución local
El consejo ciudadano de asesores presentado por la diputada del PT, presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas en el Congreso de Querétaro, Claudia Díaz Gayou, para que participe en la revisión de las cuentas públicas 2024, carece de sustento legal y no tendrá efectos jurídicos, advirtió Héctor Parra Rodríguez, analista y exdirector de Asuntos Legislativos del Congreso local.
De acuerdo con el especialista, aunque la intención de abrir la participación ciudadana puede considerarse positiva, la figura planteada no está contemplada en la Constitución local, por lo que sus resoluciones “no tendrían validez ni generarían consecuencias legales”.
Señaló que se trata de una iniciativa que se mantiene en el plano político y no en el jurídico.
Explicó que, al no estar prevista en el marco normativo, cualquier determinación del consejo quedaría sin impacto en el proceso formal de fiscalización de las cuentas públicas, el cual es una facultad exclusiva del poder Legislativo a través de los órganos legalmente establecidos.
Respecto a los señalamientos del diputado del PAN, Guillermo Vega, quien sostuvo que el consejo podría violar el marco legal al permitir el acceso a información financiera a personas sin nombramiento oficial, el analista afirmó: “No existe un riesgo jurídico, ya que los documentos de las cuentas públicas son de carácter público”.
No obstante, precisó que el consejo no tendría facultades para solicitar información adicional a dependencias de gobierno, a los poderes del Estado o a organismos autónomos, ni dichas entidades estarían obligadas a entregarla.
Finalmente, sobre las críticas de legisladores panistas que acusan un sesgo político en la integración del consejo, Parra Rodríguez afirmó que el contexto electoral en Querétaro hace evidente el trasfondo político de la iniciativa.
Indicó que el estado se encuentra en la antesala de la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que consideró que el consejo forma parte de una estrategia para ganar posicionamiento y simpatías rumbo a los próximos comicios, sin respaldo jurídico.