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La diputada local de Morena, Rosalba Vázquez Munguía, recordó que la Legislatura ha incurrido en desacato al no avanzar en la despenalización de la interrupción del embarazo
La diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rosalba Vázquez Munguía, consideró que las 64 mil firmas presentadas por integrantes del Frente Nacional por la Familia no son vinculantes para que el Congreso del Estado de Querétaro declare el 25 de marzo como Día Estatal de la Vida.
Por el contrario, la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos enfatizó que las instituciones gubernamentales tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud integral y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
“A pesar de que las firmas no constituyen un elemento vinculante para que esta Soberanía legisle en contravención a las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes y en detrimento de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en virtud del discurso que se ha publicitado en medios de comunicación, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos expreso de manera categórica que mi compromiso está con el derecho a la salud integral y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, mencionó
La legisladora local morenista recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos humanos no pueden ser sujetos de consulta ciudadana, ya que los mecanismos de democracia directa podrían traer consigo el riesgo de limitar derechos, debido a la simplificación de las opciones en juego.
“No es posible hablar de la ‘defensa de la vida’, mientras se criminaliza a las mujeres y personas gestantes por decidir ejercitar un derecho que tienen fundamentalmente reconocido; esto, lejos de ‘proteger la vida’, las empuja a someterse a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud y, en algunos casos, su vida. Incluso, es preciso mencionar que la afectación a la salud y al proyecto de vida de las personas que optan por una maternidad obligada por miedo a la sanción penal”; puntualizó.
Rosalba Vázquez Munguía recordó que desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional; sin embargo, admitió que la Legislatura ha incurrido en desacato al no avanzar en la interrupción legal del embarazo.