Contenido
Por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Local avaló el dictamen de la Ley de Identidad de Género
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 61 Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen de la ley de identidad de género, que permitirá a las personas modificar su identidad en el Registro Civil mediante un trámite administrativo.
El proyecto reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida y busca armonizar la legislación local con principios constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos. “No aprobar esta iniciativa implicaría mantener una omisión legislativa frente a derechos ya reconocidos”, sostuvo el diputado panista Guillermo Vega Guerrero.
La aprobación generó posturas divididas entre los integrantes de la comisión. El diputado Enrique Correa Sada votó en contra al advertir que el dictamen presenta inconsistencias jurídicas. “Este dictamen carece de certeza jurídica frente a terceros y deja vacíos que pueden traducirse en conflictos”, señaló.
Entre las observaciones, mencionó la falta de definiciones en temas de salud, efectos en actos civiles y posibles implicaciones legales no previstas. A pesar de ello, Vega Guerrero defendió el contenido al sostener que “reconocer la identidad de género no le quita derechos a nadie, pero sí da certeza jurídica a quienes hoy viven en vulnerabilidad”.
En la misma sesión, se aprobó tipificar como delito la cohabitación forzada, que sanciona a quien obligue, coaccione o induzca a una persona a unirse de manera informal con otra para convivir como si existiera un matrimonio, incluso sin consentimiento. Las penas van de 8 a 15 años de prisión y multas económicas, con agravantes si la víctima pertenece a comunidades indígenas o existe parentesco.
Asimismo, se avaló reformar la legislación para sancionar como falta administrativa grave la injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos, incluyendo conductas como presionar, intimidar o condicionar la participación de trabajadores, así como ofrecer beneficios laborales a cambio de apoyo en procesos internos.