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El presidente de la comisión, Luis Gerardo Ángeles, explicó que las reformas responden a observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a criterios recientes emitidos por el Poder Judicial
La Comisión de Planeación y Presupuesto de la 61ª Legislatura de Querétaro aprobó un dictamen para modificar la aplicación del Impuesto por la Emisión de Gases a la Atmósfera y la distribución de recursos del Fondo de Fomento Municipal, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica a la norma vigente, sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas actuales.
El presidente de la comisión, Luis Gerardo Ángeles Herrera, explicó que las reformas responden a observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a criterios recientes emitidos por el Poder Judicial, por lo que buscan fortalecer el marco legal y precisar la aplicación de las disposiciones fiscales.
Enfatizó que el impuesto ambiental existe en Querétaro desde 2021 y que el dictamen aprobado únicamente aclara su alcance. Entre los cambios, se establece que el gravamen aplica exclusivamente a las emisiones directas de gases de efecto invernadero, mientras que las emisiones indirectas corresponden al ámbito federal.
En materia de participaciones federales, la iniciativa también precisa la forma en que se distribuyen los recursos del Fondo de Fomento Municipal entre los ayuntamientos. Ángeles Herrera indicó que la ASF solicitó especificar con mayor claridad la distribución de los porcentajes ya previstos en la legislación, por lo que la reforma transparenta el procedimiento sin modificar los montos que reciben los municipios.
Durante la sesión, señaló que “las modificaciones tienen un carácter técnico y jurídico, ya que buscan armonizar la legislación estatal con disposiciones y criterios federales para evitar observaciones en la aplicación de la norma”.
Añadió que la Comisión de Planeación y Presupuesto mantiene una revisión permanente de las adecuaciones legales que se realizan a nivel federal para mantener actualizada la legislación estatal y brindar mayor certeza tanto a los contribuyentes como a las autoridades encargadas de aplicar el impuesto.