Juez federal suspende temporalmente nuevo etiquetado de alimentos y bebidas

A petición del CCE y la Concamin, un juez federal suspendió provisionalmente la creación de la NOM-051 para etiquetado claro de alimentos y bebidas no alcohólicas

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que un juez otorgó la suspensión provisional del proceso de creación del NOM-051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, y con ello, “por el momento” se paraliza el proceso de publicación de esta norma. Explicó que el pasado 26 de febrero el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó a su agremiada, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), la suspensión provisional de la Norma Oficial Mexicana (NOM), debido a que “hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación”. Desde el pasado 24 de enero, el sector privado advirtió que para la emisión de los nuevos lineamientos para el etiquetado no se tomó en cuenta la evidencia científica, los estudios y los compromisos internacionales. Por ello, dijo que el sector empresarial se vio obligado a recurrir a las instancias legales para hacer valer el derecho a un proceso incluyente, transparente y con rigor jurídico.

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“Es fundamental que todas las políticas públicas se desarrollen de manera legítima en estricto apego a los principios de transparencia e inclusión” y “creemos que la norma aprobada no permitiría a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación”. Por ello, en un comunicado, hizo un llamado a las autoridades para impulsar una estrategia integral de salud y un etiquetado frontal que advierta clara y verazmente de las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio; además informe con datos precisos sobre sus contenidos específicos y solo así el consumidor podrá comparar entre productos. Adicionalmente, pidió que se incentive la reformulación y la reducción del tamaño de las porciones; hecho que esté basado en evidencia científica y sea congruente con el marco jurídico nacional e internacional. Finalmente, confío en que la resolución final del Poder Judicial proteja los derechos a la información, la salud y alimentación de los mexicanos.

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