Inversión en infraestructura tecnológica, reto para implementación del CNPCF

El magistrado Ramsés Montoya Camarena señaló que el nuevo CNPCF apuesta por la justicia digital y juicios más rápidos y transparentes, pero advirtió que aún faltan plataformas y herramientas tecnológicas adecuadas

De cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), Ramsés Montoya Camarena, magistrado federal, aseveró que entre los retos se encuentran la generación de infraestructura física para la aplicación de los procesos, pero principalmente, la inversión en infraestructura tecnológica.

"El Código Nacional le apuesta casi en su gran mayoría a justicia digital. No quiere decir que ya no vaya a haber expedientes escritos, pero sí para eficientar y tramitar más rápido; incluso vamos a decir más barato, pues que todo el acceso lo puedan tener las personas ya en su pantalla, en su computadora. Entonces, eso desde luego requiere una inversión importante en infraestructura tecnológica y que esa infraestructura opere en todo el país. Nosotros, por ejemplo, a nivel federal dependemos de que eso suceda", apuntó.

Explicó que, en la actualidad, el Poder Judicial de la Federación cuenta con un Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, tiene muchos "candados", ya que no pueden acceder todos los usuarios del sistema de justicia.

"Tiene muchos candados (…) no pueden acceder todas las personas y, aunque sí tenemos algunos avances de presentar demandas ya electrónicas y todo, están solo para la materia de amparo, que es donde somos revisores; entonces, como por el tema de juicio en línea, vamos a decir, ordinario, ahí falta el salto, y que lo que vemos en físico lo podamos ver en digital, quien ya lo tiene, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa", afirmó.

El magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del XXII Circuito con sede en Querétaro enfatizó que, en caso de que el CNPCF sea implementado sin la infraestructura tecnológica necesaria, existe el riesgo de que las y los ciudadanos usuarios del sistema de justicia tengan una percepción de que no se generaron ventajas o cambios positivos.

"En alguna capacitación que nos dieron en septiembre del año pasado, nos comentaron que están ya en, digamos, en el diseño y trabajo como de una versión mejorada de este sistema que tenemos, pero, o sea, lo están trabajando, lo están adaptando, pero no tienen fecha, digamos, de entrega o de noticia de que va a llegar. Sí, yo pienso que no podría, por lo menos no podría pasar más allá del 27", expuso.

Celeridad y transparencia, los motivantes

El magistrado recordó que dos de los principales motivantes para la implementación de la oralidad en materia familiar y civil son la demanda por parte de la ciudadanía de celeridad y transparencia en los procesos. Asimismo, señaló que otra justificación para la puesta en marcha del código es la unificación de la ley en el país, es decir, reglas iguales en el sistema de justicia en todos los estados, principalmente en lo que tiene que ver con los plazos de respuesta.

"Algo que sí era muy demandado por la ciudadanía es que hubiese más celeridad en los procesos. Sobre todo en los familiares, que suele haber siempre muchas disputas en los temas familiares y pueden hacerse juicios muy largos, por eso mismo; y en los temas civiles, que muchas veces tienen que ver con la relación entre particulares, compra-ventas, sesiones de temas patrimoniales, con todo tipo de contratos y relaciones del estado civil del día a día.

Entonces se vivía una demanda que sigue latente de que los procesos escritos tardaban mucho. Y una forma que parece ser una vía adecuada para transitar es que, en una forma oral, donde se desahogue en pocas audiencias, si no es que en una o dos audiencias, dependiendo del diseño, todo el proceso, pues una persona pueda tener su sentencia ya no en ocho o 10 meses, sino quizás en dos meses. El parámetro principal es la celeridad”.

Asimismo, refirió que otro elemento importante que siempre ha pesado en la lógica de lo que sucede en los juzgados o en los tribunales es la transparencia: “¿Por qué decide así el juez? ¿Por qué tomó esa decisión? Entonces, al ser juicios orales, que van a poder muchos de ellos ser públicos o con las restricciones que marque la ley, pero muchos de ellos tener acceso, digamos, videograbado, pues a ver por qué el juez decidió así", expuso.

Implementación fue pausada

El CNPCF fue publicado en el “Diario Oficial de la Federación” el 7 de junio de 2023 y su entrada en vigor es gradual, con fecha límite nacional al primero de abril de 2027. No obstante, el magistrado refirió que la implementación en los años intermedios se pausó dentro del poder Judicial de la federación, en específico, por dos factores: el primero, la elección judicial y, el segundo, la inversión que se realizó ante los cambios en órganos derivados de la reforma judicial: la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

"Uno tiene que ver con naturalmente la elección judicial, que eso vino a pausar muchísimo porque iba a haber muchos cambios y había incluso una gran discusión alrededor de esa reforma de la elección judicial. Entonces eso pausó la vigencia del código para que se pueda implementar en los años intermedios. Y segundo, pues naturalmente tiene que ver con, yo lo veo así, con un tema de inversión de recursos; tiene que haber una inversión considerable.

Entonces, si le sumamos que tuvo que haber cambios en órganos como nosotros, que había un Consejo de la Judicatura Federal que era el que administraba todo esto y ahora cambia un órgano que es el órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina. Toda esa reconfiguración, pues, impactó tanto, supongo, en lo económico, en lo institucional, en la reorganización, etc.", dijo.

El corazón de mis causas son las niñas, niños y adolescentes: Tania Palacios