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Pese a la iniciativa de aplazar la elección judicial hasta 2028, el PAN afirmó que el modelo impulsado por Morena sigue sometiendo al Poder Judicial a dinámicas político-electorales
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como los coordinadores parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, señalaron que sacar la elección judicial del proceso electoral ordinario de 2027 era necesario; sin embargo, advirtieron que la nueva propuesta del oficialismo mantiene y profundiza los riesgos de la reforma judicial aprobada en 2024.
Acción Nacional sostuvo que evitar la concurrencia con las elecciones constitucionales atiende parcialmente uno de los principales riesgos advertidos desde la discusión de la reforma; no obstante, el modelo impulsado por Morena continúa sometiendo al Poder Judicial a dinámicas político-electorales que vulneran su autonomía e independencia.
Aunque la iniciativa plantea mover la elección judicial al año 2028, el oficialismo mantiene riesgos de movilización partidista, operación política mediante acordeones, promoción gubernamental e intervención electoral en un proceso que debería estar completamente separado de cualquier lógica política.
Al respecto, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, precisó:
“Es positivo que se haya decidido cambiar la fecha de la elección judicial para evitar su concurrencia con el proceso electoral de 2027, pero eso no basta. Mientras Morena mantenga mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia, el problema de fondo seguirá intacto. La justicia debe sacarse de las garras del poder político y garantizar verdadera autonomía e independencia para las y los mexicanos.”
El PAN recordó que desde la discusión de la reforma judicial alertó sobre los riesgos de partidizar la justicia, sustituir criterios técnicos por dinámicas electorales y debilitar la independencia de jueces y magistrados mediante mecanismos sujetos a intereses político-electorales.
Los coordinadores parlamentarios del PAN señalaron que la creación de una nueva Comisión Coordinadora o comité técnico no garantiza autonomía ni independencia real, ya que mantiene el proceso de selección de candidaturas judiciales bajo esquemas de captura institucional, sin incorporar mecanismos verdaderamente ciudadanos ni participación independiente de universidades, colegios o barras de abogados.
Ante ello, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, señaló:
“El problema nunca fue únicamente la fecha. El problema de fondo es haber convertido la justicia en un mecanismo sometido a intereses políticos y electorales, a costa de sacrificar el acceso a la justicia para las familias mexicanas.”
Asimismo, Acción Nacional advirtió que cambiar el nombre del comité no corrige el problema estructural de la reforma, pues Morena mantiene mecanismos para influir políticamente en quién puede competir por espacios dentro del Poder Judicial.
El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista, comentó: “No basta con mover la fecha de la elección judicial si Morena mantiene intactos los mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia. El problema no es solamente cuándo se elige, sino quién sigue controlando el proceso.”
El PAN lamentó que la presidenta de la República haya desperdiciado una oportunidad histórica para corregir verdaderamente una reforma ampliamente cuestionada por especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales.
Además de mantener intactos los riesgos de captura política del Poder Judicial, el oficialismo dejó pasar la oportunidad de corregir el deterioro institucional que hoy enfrenta el sistema de justicia por la falta de experiencia, capacidad técnica y perfiles idóneos en muchos de los nuevos juzgadores.
Acción Nacional advirtió que la presentación en “PowerPoint” dada a conocer por el oficialismo confirma que la reforma judicial carece de mecanismos técnicos y verdaderamente autónomos para garantizar la selección de perfiles idóneos, manteniendo un modelo de control político sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial.
“Asimismo, los coordinadores parlamentarios del PAN señalaron que la concurrencia con la Revocación de Mandato abre la puerta a movilización político-electoral, uso de acordeones, estructuras de promoción gubernamental e influencia indebida desde el poder sobre otro Poder de la Unión.”
El PAN alertó además que la iniciativa mantiene abierta la posibilidad de que en 2030 vuelva a presentarse una elección concurrente, preservando los mismos riesgos de politización que hoy el propio oficialismo reconoce parcialmente.
De igual forma, advirtieron que el nuevo esquema de funcionamiento de la Suprema Corte mediante dos secciones puede generar tensiones relacionadas con quórum, integración y distribución de asuntos, profundizando problemas operativos y de eficiencia en la impartición de justicia.
Asimismo, el PAN señaló que el Tribunal de Disciplina continúa diseñado como un mecanismo de presión y control político sobre quienes no resuelvan conforme a los intereses del oficialismo.
Recordaron además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una petición promovida por jueces y magistrados federales relacionada con posibles violaciones derivadas de la reforma judicial aprobada en 2024, además de las advertencias realizadas por distintas voces jurídicas y legislativas sobre los riesgos constitucionales del modelo impulsado por Morena y la necesidad de preservar la independencia judicial.