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Es tan profunda la polarización y el encono en el país, que hoy lo que predomina es el todos y todas contra todos y todas, sin importar las consecuencias; todo se vale, todo se puede; todas y todos reclaman su derecho a hacer su santa voluntad, sin límite alguno… ¡La impunidad es absoluta!
El ejercicio periodístico no es la excepción, independientemente del legítimo derecho del gremio a exigir que el Estado mexicano garantice que este se lleve a cabo en un marco de seguridad, sin amenazas ni riesgos a la integridad de quienes lo ejercemos.
Sin embargo, resulta indispensable que, en medio del caos y con humildad, cual acto de contrición para las y los católicos, reflexionemos sobre nuestras acciones en el desempeño de esta, que para García Márquez representaba el mejor oficio del mundo.
Todo esto vino a mi mente al leer, la semana pasada, una nota de “La Jornada”, firmada por Sanjuana Martínez, a quien López Obrador puso al frente de la agencia Notimex (antes de desaparecerla de un plumazo) y que, de acuerdo con una investigación de Artículo 19, organizó campañas de desprestigio en redes sociales para acosar y agredir a periodistas y extrabajadores que el régimen consideraba como “adversarios”.
La nota “Preso, médico que abusó de sus pacientes mayores”, publicada el 28 de junio, describe el caso del neurólogo queretano acusado de cometer presuntamente violación equiparada y abuso sexual en contra de sus pacientes adultos mayores.
El texto refiere que el medio tuvo acceso a la carpeta de investigación e incluye una entrevista a una persona del sexo masculino, a quien cita como víctima, la cual relata explícitamente y con lujo de detalle la ejecución de actos erótico-sexuales en su persona, sin su consentimiento, por parte del médico. Las descripciones, indudablemente, erizan la piel, estremecen y enfurecen; inadecuado resulta reproducirlas.
Y, precisamente por ello, varias preguntas me surgieron, principalmente sobre si un testimonio de esta naturaleza debe divulgarse con tal pormenorización, aunque la propia víctima lo haya expresado voluntariamente.
Sé que habrá quienes sostengan lo contrario, pero mi respuesta es: ¡No, porque el interés público no puede estar por encima de una información que degrada la dignidad, el honor y la imagen de una víctima!
Pero, más allá de una opinión personal, la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” de la ONU, consigna que las víctimas “serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad”.
En México, la “Ley general de víctimas” define la dignidad humana como “un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares” y reconoce “la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género,
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros”.
En su Código de Ética, la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) expresa que un periodista ético debe actuar con integridad; y, para ello, llama a practicar cuatro principios: 1) Buscar la verdad y reportarla, 2) Actuar de manera independiente, 3) Ser responsable y transparente y 4) Minimizar el daño.
Sobre este último, expresa: “El periodismo ético trata a sus fuentes, sujetos, colegas y miembros del público como seres humanos merecedores de respeto”. Incluye, además, algo sumamente importante, debe “Equilibrar la necesidad de información del público contra cualquier daño o malestar. La búsqueda de la noticia no es una licencia libre para la arrogancia o la indebida intrusión”.
También establece que el periodismo ético debe “Mostrar compasión por aquellos quienes se vean afectados a raíz de la cobertura de una noticia. Usa un sentido especial de sensibilidad al tratar con menores, víctimas de crímenes sexuales y fuentes o sujetos que no tienen experiencia o no son capaces de dar consentimiento”.
Estipula, además, que el periodismo ético debe “Reconocer que tener acceso legal a cierta información no es lo mismo que tener justificación ética para publicarla o distribuirla” y “Determina cuidadosamente las consecuencias al publicar o distribuir información personal”.
Y compromete a “Evitar caer en curiosidad sensacionalista, inclusive si otros lo hacen”.
Con base en estos principios, la publicación de Sanjuana mostró lo que no debe hacer el periodismo ético.
Las libertades de prensa y de expresión consagradas en nuestra Carta Magna no son ilimitadas y existen leyes penales, de transparencia y acceso a la información, así como de protección de datos personales, que deben ser acatadas… lo que evidentemente no se dio en la referida nota, pues la periodista, por ejemplo, publica el nombre completo del imputado.
Y no, no se trata de proteger a alguien, se trata de que no puede cuestionarse la procuración y administración de justicia, si al hacerlo, el periodismo incumple la ley y contribuye al caos.