La diputada federal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, propuso una reforma sancionar a los funcionarios que modifiquen el contenido del Grito de Independencia La diputada federal
La diputada federal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa de reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el propósito de sancionar a los funcionarios públicos que alteren, modifiquen o incluyan expresiones ajenas en la ceremonia del Grito de Independencia.
En conferencia de prensa y acompañada de integrantes de la bancada priista, la legisladora subrayó que la ceremonia del Grito, celebrada cada 15 de septiembre, es uno de los actos cívicos más importantes de nuestra nación y debe realizarse con respeto, solemnidad y apego a los símbolos patrios.
“Año tras año vemos videos de presidentes municipales o gobernadores que cometen errores al mencionar a los héroes de la Independencia, improvisan mensajes personales o incluyen consignas políticas. Esto no sólo resta seriedad al evento, sino que provoca burlas y vergüenza”, señaló.
La legisladora federal del PRI enlistó los errores más comunes en esta ceremonia: omisión o alteración de los nombres de los héroes nacionales; incluir consignas políticas, partidistas o mensajes personalizados que nada tienen que ver con el sentido histórico del acto, y uso inapropiado del espacio cívico, convirtiendo el acto solemne en un espectáculo o mitin.
Por estas razones, en su propuesta legislativa Abigail Arredondo propone adicionar cinco párrafos al artículo 51 y una fracción XII al artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el objetivo de establecer las bases mínimas para regular la ceremonia, garantizando que se realice con el debido respeto a los símbolos patrios.
Definir las frases obligatorias que deben ser leídas al recrear el histórico Grito de Dolores, incluyendo a las heroínas y héroes de la independencia; prohibir expresiones de odio, discriminación, mensajes político-electorales o de promoción personalizada durante el acto, así como sancionar a los funcionarios que incumplan, alteren o modifiquen el protocolo cívico.
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