Guillermo Vega, coordinador del PAN en el Congreso de Querétaro, dijo que lo preocupante de la Ley de Aguas Nacionales es la modificación del artículo 22, donde se propone que la Federación pueda revocar o negar concesiones de agua
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del estado de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero, señaló que la reforma de la Ley de Aguas Nacionales que se analiza en el Congreso de la Unión genera repudio en el país y, además, representa un “riesgo real para las familias, para los productores y para los municipios”.
En compañía de legisladores panistas, aseveró que lejos de mejorar el acceso al agua, lo que propone la reforma es quitarles a los estados y municipios la capacidad de decidir cómo administrar el recurso, para concentrar todo el poder en el gobierno federal.
“Eso significa que decisiones que hoy se toman cerca de la gente, en cada región y con conocimiento de la realidad local, pasarían a manos de una sola autoridad en la Ciudad de México. Esto es muy grave, porque cada estado y cada cuenca tiene problemas distintos”, dijo.
Refirió que la propuesta genera incertidumbre a los agricultores, a la industria y a los organismos operadores de agua potable que necesitan estabilidad para invertir y mantener funcionando los sistemas que abastecen a millones de familias y millones de usuarios.
Señaló que desde la oposición advierten que esta reforma no le garantiza más agua a nadie, y por el contrario, pone en riesgo el derecho humano al agua; además de que limita la capacidad de respuesta local y le quita a la gente la posibilidad de participar y vigilar.
En este sentido, indicó que uno de los puntos preocupantes es la modificación del artículo 22, donde se propone que la Federación pueda revocar o negar concesiones de agua sin estudios técnicos obligatorios.
Asimismo, expuso que el artículo 13 Bis, que en la actualidad obliga a integrar consejos de cuenca con participación de estados, municipios, usuarios y especialistas, con la reforma se reduciría a simples órganos consultivos sin capacidad de decisión.
Agregó que la reforma al artículo 119 amplía la facultad del gobierno federal para multar, suspender operaciones o intervenir sistemas de agua, sin definir criterios de proporcionalidad ni plazos claros de defensa.
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