José Carlos Rojano Esquivel advirtió que las decisiones en materia de justicia se están tomando “de manera ideológica y no jurídica”, lo cual, dijo, representa un riesgo estructural
El doctor en Derecho y especialista en Derecho Internacional, José Carlos Rojano Esquivel, afirmó que la procuración de justicia federal aplicada en el país se desarrolla bajo un “populismo autoritario” que coloca la ideología partidista por encima de criterios técnicos y profesionales.
En entrevista para “Códigoqro”, señaló que esta situación impacta directamente en derechos humanos, pues los ciudadanos tienen derecho no solo a la procuración de justicia, sino también a instituciones autónomas y con personal capacitado.
Advirtió que las decisiones en materia de justicia se están tomando “de manera ideológica y no jurídica”, lo cual, dijo, representa un riesgo estructural. Planteó que la procuración de justicia requiere “profesionalismo probado y experiencia”, características que, afirmó, tampoco se reflejan en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El académico indicó que existe poca difusión sobre los mecanismos de acceso a organismos internacionales especializados en derechos humanos, lo que limita la capacidad de la ciudadanía para exigir garantías. Añadió que algunas instancias han sido “manoseadas” por perfiles políticos que buscan utilizarlas con fines partidistas.
Respecto al nombramiento de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República, Rojano Esquivel señaló que la Constitución establece principios de autonomía que, por analogía con las reglas de independencia judicial de Naciones Unidas, deberían aplicarse también a la procuración de justicia.
Afirmó que la trayectoria partidista de Godoy y su reciente participación política generan un conflicto con ese principio.“No puede ocupar el cargo alguien que viene de un partido político y que ha competido por un puesto de elección popular”, declaró.
Finalmente, sostuvo que las decisiones técnico-jurídicas en el actual gobierno han sido sustituidas por criterios ideológicos, lo cual afecta la confianza pública y limita el fortalecimiento institucional.
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