Contenido
El colectivo Desaparecidos Querétaro calificó como “una simulación” la propuesta de crear un consejo ciudadano de búsqueda sin la aprobación de una ley en materia de desaparición
Luego de que el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero, planteara la conformación de un consejo ciudadano de búsqueda, la organización Desaparecidos Querétaro exigió la aprobación de una ley estatal en materia de desaparición.
“Las familias no buscamos confrontar por deporte. Buscamos que el Estado cumpla. En Querétaro llevamos años luchando por una Ley local en materia de desaparición. Un consejo ciudadano puede ser parte de la solución, pero no puede usarse como maquillaje”, indicó el colectivo en un comunicado.
En este sentido, demandó un calendario público y un dictamen plural votado en el pleno del Congreso del Estado de Querétaro para la creación de dicha legislación.
“Los consejos ciudadanos existen para vigilar, pedir información, emitir recomendaciones y exigir rendición de cuentas. Para que eso sea posible, deben nacer de un marco legal completo, armonizado y funcional. Hoy, en Querétaro, ese marco no existe”, agregó.
El colectivo Desaparecidos Querétaro lamentó que el Congreso Local no haya armonizado las leyes estatales en materia de desaparición de personas en por lo menos ocho años.
“No es la primera vez que el diputado Guillermo Vega anuncia avances en la agenda de desaparición que después se congelan. Hace dos años se instalaron mesas técnicas para la homologación de la ley que no llegaron a ningún resultado. La confianza se construye con hechos, no con anuncios”, enfatizó.
Añadió que las familias no están en contra de la creación de un consejo ciudadano de búsqueda, sino en contra de la simulación por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno.
“Si existe verdadera voluntad política, que se convoque de inmediato a mesas técnicas para la discusión de la Ley local, con fechas claras para su dictamen y votación. En materia de desaparición, las simulaciones retrasan decisiones, reducen la presión pública y profundizan la impunidad. Las familias no necesitamos anuncios: necesitamos instituciones que funcionen”, concluyó.