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La medida ajusta una autorización otorgada en 2012, que establecía que al menos 30 por ciento de la superficie debía destinarse a comercio y servicios
El Ayuntamiento de Corregidora aprobó la modificación de un acuerdo de uso de suelo para un predio ubicado en la Exhacienda Balvanera, con lo que se reduce el porcentaje destinado a áreas comerciales y de servicios dentro del desarrollo habitacional, de acuerdo con lo publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.
La medida ajusta una autorización otorgada en 2012, que establecía que al menos 30 por ciento de la superficie debía destinarse a comercio y servicios. Con la modificación avalada, ese porcentaje se reduce a aproximadamente 25 por ciento del total del predio.
El terreno, con una superficie de 416 mil 877 metros cuadrados, pertenece a la empresa Residencial Balvanera, SA de CV, que solicitó el cambio al argumentar que la normatividad vigente no establece un porcentaje mínimo obligatorio para este tipo de áreas.
La petición fue analizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente municipal, que emitió una opinión técnica favorable, al señalar que “no existe inconveniente en autorizar la modificación”, siempre que las áreas destinadas a comercio y servicios se distribuyan de manera funcional para los habitantes.
El dictamen también establece que deberán respetarse las compatibilidades del uso de suelo previstas en los instrumentos de planeación vigentes y cumplirse con el resto de condicionantes fijadas en el acuerdo original.
Entre estas condiciones se mantienen disposiciones relacionadas con el diseño integral del desarrollo, la incorporación de espacios públicos y criterios de sustentabilidad, movilidad interna y equipamiento urbano.
El acuerdo precisa que la modificación aplica solo sobre el porcentaje de áreas comerciales y de servicios, sin alterar el resto de las obligaciones previamente establecidas para el proyecto.
Asimismo se instruyó a dependencias municipales dar seguimiento al cumplimiento de las condicionantes, así como a las obligaciones fiscales y administrativas a cargo del desarrollador.