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Pobladores de la colonia San José El Alto alertaron sobre los problemas de inseguridad, falta de infraestructura y abandono institucional en aquella zona de la capital queretana
Habitantes de San José El Alto, municipio de Querétaro, acudieron al congreso del estado para denunciar problemas de inseguridad, presuntos tiempos de respuesta de hasta dos horas por parte de la policía municipal y falta de infraestructura en materia de seguridad en esta zona de la capital queretana.
Acompañados por la diputada local del PT, Claudia Díaz Gayou, vecinos señalaron que en la zona se han registrado asaltos frecuentes, hechos violentos e incluso presuntos intentos de secuestro, situación que, afirmaron, ha modificado la vida cotidiana de las familias.
“Estamos hartos de la constante inseguridad, pedimos una subcomandancia. Nuestros hijos, hijas, esposos, corren peligro cada noche y cada mañana”, declaró Celeste Aguilar, habitante del lugar.
Solicitaron la instalación de una subcomandancia para reforzar la presencia policial y reducir los tiempos de atención ante emergencias, además de mejoras en movilidad, drenaje y acceso a cámaras de videovigilancia ya instaladas en la zona. Además, señalaron que cuentan con al menos dos espacios identificados que podrían ser utilizados para la construcción de una nueva instalación policial en la zona.
También acusaron abandono institucional y señalaron que, ante el temor de sufrir delitos, algunas familias han limitado sus actividades cotidianas en San José El Alto.
Por su parte, Díaz Gayou adelantó que presentará una iniciativa para reformar el artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de que las consultas vecinales en materia de seguridad tengan carácter vinculante para las autoridades.
“Vamos a modificarla para que sean vinculantes en materia de seguridad, hacer estas consultas y que sean vinculatorias para mejorar la calidad de vida de todas y de todos”, explicó.
La diputada sostuvo que la propuesta busca fortalecer la participación ciudadana en decisiones relacionadas con seguridad pública y obligar a las autoridades a atender las demandas planteadas por las comunidades.