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Andrés Solis consideró como "positiva" la iniciativa presentada por la diputada local del PT, Claudia Díaz Gayou, para garantizar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos
La iniciativa que busca incorporar en la Constitución de Querétaro la obligación expresa del estado y los municipios de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos deberá acompañarse de responsabilidades concretas para las autoridades, consideró el periodista y autor de “Manual de autoprotección para periodistas” y “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia” Andrés Solis Álvarez.
Cabe recordar que la propuesta, presentada por la diputada local del PT, Claudia Díaz Gayou, plantea modificar el artículo 2 de la Constitución estatal para establecer que las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, garanticen la protección de la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas.
Solís Álvarez calificó la iniciativa como una propuesta “positiva” que fortalece el reconocimiento constitucional de derechos, aunque advirtió que su efectividad dependerá de la creación de mecanismos que definan cómo deberán actuar las instituciones públicas para garantizar esa protección.
“Aquí es donde está la parte que falta. ¿Cómo? ¿Cuál es el ámbito de competencia de un ayuntamiento o de una dependencia estatal para garantizar la protección, la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que hacemos periodismo o defendemos derechos humanos?”, cuestionó.
Señaló que la eventual aprobación de la reforma podría abrir paso a modificaciones legales orientadas a definir obligaciones específicas para dependencias estatales y municipales, así como protocolos de actuación para corporaciones y autoridades que interactúan con periodistas durante coberturas informativas.
“Puede quedar en una muy bonita reforma, pero no es vinculante para nadie”, afirmó al referirse a la necesidad de desarrollar leyes secundarias que establezcan facultades, procedimientos y responsabilidades para los entes públicos.
Asimismo, reiteró que uno de los principales desafíos consiste en evitar que las propias autoridades se conviertan en obstáculos para el ejercicio periodístico mediante restricciones de acceso a información, documentos o eventos oficiales.