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La propuesta plantea prohibir que los servidores públicos realicen actividades proselitistas durante su horario laboral y establecer como obligación solicitar licencia o separación del cargo cuando participen en campañas electorales
La diputada Teresa Calzada Rovirosa y el diputado Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron un paquete de propuestas para modificar la reforma electoral que analiza la 61a. Legislatura de Querétaro, con el objetivo de endurecer las reglas de competencia rumbo a las elecciones de 2027.
Plantean prohibir que los servidores públicos realicen actividades proselitistas durante su horario laboral y establecer como obligación solicitar licencia o separación del cargo cuando participen en campañas electorales.
"Si quieren hacer política, que pidan licencia, que no haya funcionarios de medio tiempo que dejan solas sus oficinas", sostuvo la diputada.
El decálogo también propone aumentar el número de debates obligatorios entre candidaturas, prohibir que se desarrollen de manera virtual y sancionar con descuentos de hasta cinco por ciento del financiamiento de campaña a quienes no asistan, además de contemplar la descalificación tras una tercera inasistencia.
En materia de paridad, insisten en eliminar el artículo transitorio que aplaza hasta 2033 la alternancia de género en la elección de la gubernatura, con el propósito de que esa disposición pueda aplicarse desde el proceso electoral de 2027.
Asimismo, plantean elevar de cinco a 10 años el requisito de residencia para aspirar a la gubernatura y utilizar el domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como medio para acreditar el arraigo de las personas candidatas.
Entre las restantes propuestas se encuentran el destinar los recursos obtenidos por multas electorales a cuerpos de bomberos y servicios de emergencia certificados; crear unidades de atención y prevención de la violencia política contra las mujeres en todos los partidos políticos; impulsar la reducción de la edad mínima para votar de 18 a 16 años mediante un exhorto al Congreso de la Unión; y reforzar las sanciones por el uso de vehículos, mobiliario u otros recursos públicos durante las campañas.