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El diputado local de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, aseguró que el proyecto registra avances en comisión y podría ser dictaminado tras el receso legislativo
Tras la aprobación de la reforma electoral, la siguiente discusión en el Congreso del estado de Querétaro será la iniciativa para combatir el nepotismo en el servicio público, adelantó el diputado local de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, quien aseguró que el proyecto registra avances en comisión y podría ser dictaminado tras el receso legislativo.
Explicó que la propuesta será analizada de manera independiente al paquete de reformas electorales aprobado recientemente por la 61a. Legislatura y sostuvo que el objetivo es “establecer reglas para impedir que familiares de servidores públicos ocupen o hereden cargos dentro de los gobiernos municipales, el poder Ejecutivo estatal y el Congreso local”.
Precisó que la iniciativa contempla restricciones de hasta cuarto grado de parentesco y busca evitar que un funcionario sea sucedido de manera inmediata por un familiar, con el propósito de fortalecer los principios de imparcialidad y competencia en el servicio público.
“La iniciativa de nepotismo va por separado. Ya está muy avanzada en la comisión y esperamos que pueda dictaminarse pronto”, declaró.
Recordó que se trata de una propuesta presentada por la bancada de Morena y afirmó que mantiene confianza en que exista respaldo de las distintas fuerzas políticas para concretar su aprobación, al considerar que se trata de una medida encaminada a fortalecer la transparencia y evitar conflictos de interés en la administración pública.
En otro tema, Inzunza Ballesteros señaló que recientemente acudió a dos instituciones educativas de San Juan del Río por invitación de sus directivos y sostuvo que los legisladores deben poder participar en actividades escolares cuando exista autorización de los planteles.
Indicó que, en uno de los casos, la dirección del centro educativo solicitó previamente el permiso correspondiente para permitir su asistencia, por lo que pidió que exista un criterio uniforme para todos los servidores públicos y representantes populares, sin distinciones entre fuerzas políticas.