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Abigail Arredondo, dirigente estatal del PRI en Querétaro, pidió a periodistas y propietarios de medios mantenerse atentos al proceso de consulta pública de los lineamientos sobre derechos de las audiencias
La dirigente estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, advirtió que la propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, del gobierno federal, actualmente en consulta pública, podría representar un riesgo para la libertad de expresión al contemplar mecanismos de revisión y posibles sanciones para medios de comunicación de radio y televisión.
En conferencia de prensa, señaló que la integración de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, concentraría atribuciones para revisar resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias y eventualmente sancionar a los medios, lo que, afirmó, genera preocupación.
"Es muy grave lo que está pasando en materia de comunicación. Es muy grave que ellos sí puedan salir a decir y a replicar mentiras todos los días, pero que un partido de oposición o un periodista no", expresó al cuestionar la propuesta federal.
Sostuvo que la desaparición de organismos autónomos y la creación de nuevas figuras regulatorias representan una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. "Ellos no pueden ser juez y parte. Eso es una dictadura. Hay que llamarle como es", afirmó.
Además, pidió a periodistas y propietarios de medios mantenerse atentos al proceso de consulta pública. "No normalicemos. Ustedes son una herramienta indispensable para poner un alto y socializar lo que hoy está pasando en el país", declaró.
En otro tema, Arredondo Ramos afirmó que la estrategia federal de seguridad no ha logrado contener la incidencia delictiva y citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para señalar un incremento en homicidios y extorsiones a nivel nacional.
En el caso de Querétaro, aseguró que entre 2015 y 2025 los delitos crecieron 72 por ciento, mientras que los homicidios dolosos pasaron de 140 a 477 casos y las carpetas por extorsión aumentaron de 14 a 268.