En medio de la jornada electoral, uno de los temas que más llamó la atención fue la supuesta campaña del PVEM en donde 'influencers' y personalidades del espectáculo habrían recibido un pago por publicaciones en Instagram para promover el voto en su favor
Durante las primeras horas de la jornada electoral, el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se vio envuelto en la polémica luego de que se diera a conocer que, como parte de una supuesta
estrategia de promoción -en plena veda electoral-, utilizará a un
listado de 'influencers' para tratar de ganar votos.
Muchos de quienes llamaron a votar por el PVEM incluso no se encuentran en México, tal como ocurrió con
Bárbara del Regil, quien se encuentra en Los Ángeles desde donde promovió al partido político. Otro caso es el de
Raúl Araiza, quien parece haber cobrado por la promoción de dicho partido político.
Esta campaña, provocó que incluso el
Instituto Nacional Electoral (INE) pidiera este domingo a
Facebook, que elimine las
'stories' que el grupo de '
influencers' publicó en su plataforma, además de que ha comenzado a circular una lista en donde vienen los nombres y posibles costos por publicación que han realizado estos, por promover el voto a favor del PVEM.
La estrategia del PVEM ¿Es ilegal?
De acuerdo con la
Cámara Nacional Electoral (CNE), la llamada
veda electora que se pone en marcha tres días antes de los comicios para permitir a la ciudadanía reflexionar su voto,
prohibe cualquier actividad de campaña así como la difusión de mensajes proselitistas en todos los medios de comunicación disponibles.
Además indica, que queda prohibido
“publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización de los comicios y hasta tres horas después de su cierre”.
Sin embargo, aunque los hecho por los
'influencers' estaría violando estas indicaciones en más de un sentido si consigamos que, de manera práctica, muchas de estas personalidades juegan como una especie de
“medio de comunicación” por si mismos, la radiad es que
sus acciones no podrán ser penadas, al ser considerados como ciudadanos y ciudadanas, no como militantes de partidos políticos.
Por tanto,
sus publicaciones no son consideradas más que como una opinión pública, con lo que estarían libres de cualquier multa y quedarían exentos de ir a prisión entre 6 y 9 años por cometer este
delito electoral.