Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una ley para prevenir, investigar y sancionar con hasta 42 años de cárcel el delito de extorsión
La Cámara de Diputados aprobó el martes una ley para prevenir, investigar y sancionar con hasta 42 años de cárcel el delito de extorsión.
Se trata del único delito que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que no ha podido disminuir en lo que va de su mandato.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados también aprobó reformas para unificar la definición del delito de extorsión en todo el país y homologar las sanciones aplicables. Actualmente, este crimen se tipifica, investiga y castiga de manera diferente en cada estado.
La ley de extorsión y las modificaciones aprobadas el martes establecen que el delito y los actos vinculados “se investiguen y persigan de oficio”, por lo que ya no será indispensable que las víctimas presenten una denuncia para que las autoridades actúen; además, se permitirá que cualquier persona reporte de forma anónima.
El objetivo es atacar un delito que este año ha alcanzado cifras récord con un incremento interanual del 7 por ciento en los primeros seis meses para llegar a 5 mil 887 víctimas registradas. Según cifras oficiales, 2025 es el año con más extorsiones desde que hay registro.
“La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo. Hoy millones de mujeres y hombres en este país que tienen que pagar un impuesto ilegal, y se lo pagan a los extorsionadores, a los delincuentes”, sostuvo Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados.
La nueva normativa, que deberá ser aprobada por la mayoría de Congresos locales del país para entrar en vigor, establece penas que van de 15 a 42 años de prisión.
También incluye sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel para los funcionarios que no denuncien la extorsión. Y las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan la extorsión enfrentarán una pena de 15 a 25 años de prisión.
Asimismo, se sancionará a los reos que usen dispositivos electrónicos con una pena de seis a 12 años, que de igual manera se aplicará a los funcionarios y demás personal de los centros penitenciarios que permitan la entrada de celulares y otros medios.
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