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Cámaras y organizaciones mineras de México exigieron la localización de las otras siete personas que forman parte del grupo de 10 mineros, que fueron privados de la libertad por un grupo armado en Sinaloa
Cámaras y organizaciones mineras de México manifestaron su pésame a las familias de los tres mineros hallados muertos en las últimas horas en Sinaloa y exigieron la localización de las otras siete personas que forman parte del grupo de 10 mineros privados de la libertad por un grupo armado en el sur de esa entidad y que permanecen desaparecidos.
En un desplegado en el que aparecen 12 logotipos de Cámaras y clústers mineros esas organizaciones destacaron el derecho de sus familias y de la comunidad minera “a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”.
“Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar la seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”, sostuvieron.
El 13 de enero pasado, un comando se introdujo en un campamento minero habilitado en el municipio de Concordia, Sinaloa, para llevarse a 10 mineros de la empresa Vizla Silver Corporation.
En las últimas horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa reportó que fueron encontrados en una fosa clandestina del paraje El Verde, municipio La Concordia, los cuerpos de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández.
Las organizaciones, entre las que se encuentran la Camimex, CANCHAM, WIM y CIMMGM señalaron que, ante la gravedad de esa situación, el sector minero unido “fija una postura estricta de observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia”. “Para nuestro sector es inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada”, agregaron.
También exigieron que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de sus compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa con sus familias, que es a donde pertenecen.
Señalaron que seguirán acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuesta, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país.
Las organizaciones reafirmaron su “llamado urgente” a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar la seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana.
Con información de: El Economista