En este artículo
- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío del "Plan B" de la reforma electoral al Senado; la propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales para reducir costos del sistema electoral y limitar privilegios en el servicio público
- ¿Qué plantea el Plan B?
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío del "Plan B" de la reforma electoral al Senado; la propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales para reducir costos del sistema electoral y limitar privilegios en el servicio público
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío del llamado Plan B de la reforma electoral al Senado de la República, que se desempeñará como cámara de origen. La propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales con el objetivo de reducir costos del sistema electoral y limitar privilegios en el servicio público.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, además de ajustes en materia presupuestal y de organización electoral.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reducción del gasto en organismos electorales y partidos políticos. En ese sentido, se plantea que ningún funcionario público, incluidos consejeros y magistrados electorales, perciba un salario superior al de la presidencia. También se propone eliminar bonos, seguros de gastos médicos y otras prestaciones adicionales que incrementen los ingresos de servidores públicos.
¿Qué plantea el Plan B?
Contempla establecer un tope presupuestal para los congresos estatales, que no podrá superar el 0.7 por ciento del presupuesto de cada entidad. Aquellos que excedan ese límite deberán ajustar su gasto.
En el ámbito municipal, se plantea reducir el número de regidurías, que oscilarán entre siete y 15 integrantes según la población, con el objetivo de evitar estructuras sobredimensionadas.
La iniciativa propone modificar el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo del caso. Además, se plantea que el cómputo de votos en elecciones federales inicie desde la llegada del primer paquete electoral, con el fin de agilizar resultados.
Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. La propuesta contempla mecanismos para transparentar ingresos y permitir la colaboración con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de investigaciones sobre el origen de los recursos.
Sheinbaum confirmó que la elección del Poder Judicial se mantendrá en 2027, aunque con ajustes para reducir el número de candidaturas en las boletas y mejorar la revisión de perfiles.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la iniciativa mantiene como eje la austeridad republicana, al buscar “menos privilegios y más participación ciudadana”. La funcionaria subrayó que los ahorros derivados de estas medidas podrían destinarse a proyectos de infraestructura social en estados y municipios.
