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Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, insistió en la necesidad de postergar la elección judicial a 2028, ya que sería inviable empalmarla con el proceso electoral del siguiente año
El diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, reiteró la necesidad de diferir la elección judicial a 2028, con el propósito de garantizar condiciones institucionales adecuadas, evitar riesgos de partidización y perfeccionar el modelo derivado de la reforma constitucional. La propuesta busca que este proceso cuente con un calendario propio, reglas diferenciadas y un diseño operativo que priorice la independencia judicial, el mérito profesional y la calidad técnica de quienes aspiren a ocupar cargos jurisdiccionales.
Señaló que la experiencia del proceso extraordinario de 2025 evidenció la necesidad de realizar ajustes para cumplir plenamente con los objetivos de democratización del Poder Judicial. Explicó que la coincidencia con las elecciones de 2027, la complejidad territorial de los circuitos judiciales, el modelo restrictivo de campañas y los desafíos logísticos identificados por la autoridad electoral hacen necesario reconfigurar el calendario electoral, por lo que el diferimiento a 2028 permitirá construir un proceso más ordenado, comprensible para la ciudadanía y técnicamente sólido.
“Postergar la elección judicial a 2028 permitirá separar este ejercicio de la dinámica partidista y construir un proceso enfocado en el mérito, la independencia y la calidad técnica de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial”, afirmó Ramírez Cuéllar.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados advirtió que la elección de 2027 será una de las más grandes del país, con la renovación de 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y alrededor de mil 600 ayuntamientos, lo que generará una intensa movilización política y mediática que podría influir indirectamente en las candidaturas judiciales, aun cuando la Constitución prohíbe el proselitismo partidista en este tipo de procesos.
Asimismo, destacó que la elección judicial posee una geografía distinta a la electoral tradicional, al organizarse por circuitos judiciales, circunscripciones y ámbitos nacionales que no siempre coinciden con los distritos electorales, lo que incrementa la complejidad operativa si ambos procesos se realizan simultáneamente y podría afectar la claridad del voto y la participación ciudadana.
Ramírez Cuéllar también subrayó que el modelo de campañas judiciales es sustancialmente distinto al de las elecciones partidistas, ya que no contempla financiamiento público o privado, limita los gastos a recursos personales y prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión, dejando la difusión a los tiempos oficiales administrados por la autoridad electoral. Esta asimetría, explicó, podría generar desventaja informativa y saturación de mensajes si se empata con elecciones ordinarias.
“El diferimiento a 2028 permitirá una mejor organización electoral, evitará la saturación informativa y dará condiciones para que la ciudadanía evalúe con mayor claridad los perfiles judiciales”, sostuvo.