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El objetivo es que los partidos políticos del país puedan consultar información sobre posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con la delincuencia organizada
El Gobierno de México, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información sobre posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con la delincuencia organizada.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se explicó que la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), que serviría como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el nuevo órgano estaría integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años.
Según comentó, los partidos políticos podrían entregar voluntariamente a la comisión la lista de personas aspirantes a candidaturas para que ésta consulte información con instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“El objetivo es establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones con información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con organizaciones criminales”, señaló Alcalde.
La funcionaria precisó que las autoridades no entregarían carpetas de investigación ni detalles específicos de los casos, sino únicamente una clasificación sobre si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos criminales. Asimismo, indicó que quienes aspiren a una candidatura deberán autorizar por escrito ser evaluados por esta comisión, independientemente de que el partido decida o no solicitar la consulta.
Sin embargo, insistió en que el mecanismo no constituye un filtro obligatorio que impida registrar candidaturas.
“No es un filtro que inhabilita a una persona para ser candidata. Simplemente la comisión entrega información al partido político y el partido toma sus decisiones internas”, subrayó.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la propuesta surge tras diversos casos detectados desde el inicio de su administración, relacionados con autoridades municipales presuntamente vinculadas con grupos delictivos.
Recordó que uno de los primeros casos ocurrió en el Estado de México con la llamada “Operación Enjambre”, donde fueron investigados funcionarios municipales por presuntos nexos criminales. También mencionó el caso del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, detenido por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, así como hechos recientes en Morelos.
“Son casos aislados, no es una cosa generalizada, pero es importante que, rumbo a la elección de 2027, exista algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona tiene o no algún antecedente”, afirmó Sheinbaum.
Recordó que esta propuesta ya formaba parte del denominado “Plan A” de reforma electoral impulsado por su administración, aunque quedó fuera tras no concretarse cambios constitucionales más amplios.
Debido a la cercanía del proceso electoral de 2027, indicó que se decidió presentar únicamente esta modificación legal durante el próximo periodo extraordinario del Congreso.