En caso de ser aprobado, la preconstrucción y construcción del proyecto Sistema Batán se realizaría de febrero de 2026 a enero de 2029
En el Congreso de Querétaro se llevó a cabo la primera la primera sesión de las comisiones unidas de Planeación y Presupuesto, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, en la que autoridades estatales expusieron detalles del proyecto hídrico Sistema Batán que, de acuerdo con el secretario de Finanzas, Gustavo Leal, tendrá un costo total de 35 mil 722 millones de pesos en un plazo de 30 años.
Señaló que, en caso de que el poder Legislativo del estado apruebe el proyecto, la fase de licitación tendría una duración de tres meses; la preconstrucción y construcción se realizaría de febrero de 2026 a enero de 2029 y, a partir de este último mes y hasta 2056, un privado realizaría la operación y mantenimiento del sistema.
Explicó que con la autorización de la Asociación Público Privada (APP), la inversión inicial por parte del desarrollador sería de 11 mil 43 millones de pesos y que el costo estimado a 30 años, de 35 mil 722 millones de pesos, incluye estudios previos, colectores, estaciones regeneradoras de agua, líneas de conducción, humedal, planta potabilizadora, línea de impulsión de agua potable, tanques, infraestructura eléctrica y sistema de control.
Puntualizó que el proyecto se autofinanciará con los recursos que genere una vez que comience a operar en 2029 y que en dicho año iniciará el pago mensual de la CEA de hasta 108 millones de pesos, pero que, una vez que el plazo de 30 años concluya, la infraestructura y el equipamiento serán de la comisión.
“La autorización únicamente es para este proyecto (…) el techo límite de las contraprestaciones e inversiones fue revelado de forma puntual y transparente. El plazo máximo sería de 30 años, la fuente directa sería el pago de los ingresos que genera la CEA y se contrataría bajo convocatoria pública bajo las mejores condiciones (…) de mercado. Hay dos formas de contratar: es por la vía de licitación o cuando un privado presenta (…) una propuesta no solicitada. En este caso sería una licitación porque el gobierno está poniendo el proyecto sobre la mesa”, refirió.
Explicó que, a través de una APP, el desarrollador aportaría los recursos y la CEA tendría que crear un “fondo de reserva” por la infraestructura de 607 millones de pesos.
Por su parte, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, indicó que el Sistema Batán tendrá una capacidad de hasta mil 800 litros por segundo, que es superior a la que tiene el Acueducto II, que va de mil 300 y mil 500 litros por segundo.
Precisó que en la Zona Metropolitana ya hay déficit del vital líquido y que los objetivos del proyecto hídrico son: incrementar el abastecimiento de agua potable, reducir la extracción en pozos profundos e incrementar la base de saneamiento.
Precisó que se garantizará la calidad de agua que se distribuirá la población y que el proyecto cumplirá con los parámetros internacionales y las Normas Oficiales Mexicanas de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En su intervención, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Del Prete Tercero, expuso un diagnóstico ambiental y refirió que el Sistema Batán genera beneficios ambientales como la reducción de la extracción de acuíferos, la regeneración de ríos y microcuencas, y la disminución de emisiones por el traslado de agua; además, contribuirá con la economía circular en el estado.
El consejero jurídico del poder Ejecutivo del estado, José Antonio Ledesma Ferrusca, refirió que, como parte de la elaboración del proyecto de iniciativa, del 14 al 21 de mayo de este año, se realizó una consulta pública en la que se aplicaron más de 15 mil encuestas en las que participaron grupos en situación de vulnerabilidad, como habitantes de comunidades indígenas, por ejemplo, de Huimilpan.
A la sesión acudió Gregorio Cruz, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y participaron dos expertos: Julián Carrillo Reyes, investigador titular del Instituto de Ingeniería Unidad Académica Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Juan Pablo Ramírez Herrejón, investigador por México de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
En la sesión de preguntas, los legisladores de Morena y del PT cuestionaron sobre los riesgos a la salud que implica la distribución de agua residual tratada; la necesidad de que el Congreso local realice una consulta pública del proyecto y sobre si la aprobación del decreto para la constitución de la APP por parte del poder Legislativo representaría un “cheque en blanco”, ya que de manera posterior el gobierno del estado realizaría la licitación pública nacional y el contrato para la ejecución del proyecto.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva y de las comisiones unidas, Gerardo Ángeles Herrera, opinó que muchos no fueron cuestionamientos, sino opiniones políticas.
Cabe mencionar que, desde horas antes del inicio de la sesión de las comisiones unidas, un grupo de personas se manifestó al exterior del edificio del poder Legislativo del estado en contra del proyecto hídrico, por lo que las puertas del recinto se cerraron; no obstante, se permitió el ingreso de prensa.
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