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El Día Internacional de la Educación, proclamado por la Unesco y celebrado el 24 de enero, es una oportunidad inigualable para reflexionar sobre el papel fundamental de la educación, más allá de su evidente rol como transmisora de conocimientos, como herramienta social para la formación ética de las personas.
Hay una relación evidente entre educación e integridad, sobre todo si se considera que educar implica formar ciudadanos conscientes que, a su vez, pueden ocupar posiciones de decisión pública, lo que asegura instituciones confiables, transparentes y orientadas al bien común.
La educación, más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la estimulación de procesos cognitivos y de la adquisición de competencias técnicas o académicas, constituye un proceso integral de formación humana que ayuda a formar valores y principios rectores.
Desde la educación básica hasta la educación superior, los programas educativos deben incorporar componentes éticos y cívicos que fomenten la conciencia de los derechos y deberes ciudadanos.
Educar implica no solo transmitir conocimientos técnicos, sino tener un impacto en la formación ética que priorice el interés público. El rol de la educación es relevante si partimos del supuesto de que ahí se forma a las personas que desarrollan funciones en el ámbito de lo privado y lo público, quienes toman decisiones que inciden en la sociedad. Ello resalta la contribución de maestros, pedagogos, personal administrativo y de los alumnos en un proceso de retroalimentación activa y permanente.
Diversos estudios muestran una correlación negativa significativa entre los niveles de percepción de la corrupción y la calidad educativa (indicadores como PISA o tasas de matrícula y logro educativo).
La conclusión general, bajo esta óptica, es que países con sistemas educativos más robustos exhiben menores niveles de corrupción en el sector público, lo cual, en buena medida, resulta del efecto de la educación en dos vías: (1) los empleados públicos deben actuar con ética e integridad; (2) dicha formación determina a la población en general para constituirse como actores que demandan mejor rendición de cuentas y transparencia por parte del sector público.
Por ello, burocracias educadas en integridad tienen mayor probabilidad de generar políticas coherentes, ejecución eficiente y confianza ciudadana, lo cual fortalece la democracia, reduce desigualdades y promueve el desarrollo sostenible.
En México, los retos educativos reflejan la necesidad de fortalecer la relación entre educación e instituciones confiables, en lo cual el vínculo con la fiscalización superior es fundamental.
Ello, además, no puede perder su perspectiva intercultural presente en nuestro país, que tiene 69 pueblos indígenas y 418 municipios de usos y costumbres (417, en Oaxaca). De acuerdo con el Inegi, el promedio nacional de escolaridad es de 9.7 años, mientras que en la población indígena el analfabetismo supera el 16 por ciento, frente al 4.7 por ciento del promedio nacional.
La OCDE advierte que estos rezagos sitúan a México por debajo de países latinoamericanos como Chile y Uruguay, cuyos promedios educativos superan los 11 años de escolaridad. Experiencias regionales documentadas por la Unesco y la CEPAL muestran que los sistemas educativos con enfoque intercultural fortalecen la cohesión social, reducen desigualdades estructurales y contribuyen a la legitimidad de las instituciones públicas.
El Día Internacional de la Educación es un buen recordatorio para tener presente la relevancia de la educación social, lo cual es una oportunidad para contar con sociedades más integradas y educadas.
