De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2020-2021 de la organización World Justice Project, el estado de Querétaro ocupa el primer lugar nacional en materia de justicia penal
Este miércoles 28 abril, la organización World Justice Project publicó los resultados del Índice de Estado de Derecho 2020-21, en donde Querétaro fue reconocido nuevamente con el primer lugar del ranking nacional en justicia penal. Conforme a los resultados de la tercera edición del estudio del organismo ciudadano autónomo de carácter internacional, la entidad se situó por segundo año consecutivo en la primera posición a nivel país en el factor Justicia Penal y Ausencia de Corrupción y en Respeto a los Derechos Fundamentales. En la edición anterior, Querétaro ocupó la quinta posición en el ranking general, sin embargo, en la presente edición escaló una posición, para colocarse en el cuarto lugar del país, tomando en cuenta el promedio de los ocho factores que evalúa la organización: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. [caption id="attachment_181853" align="aligncenter" width="1037"]
El estado de Querétaro sobresale en clasificación nacional de justicia penal. Foto: Especial[/caption]
Los ocho factores se desagregan en 42 subfactores, los cuales reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25 mil personas de todo el país, más de 2 mil 300 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, así como resultados de una multiplicidad de encuestas.
World Justice Project es financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, La Agencia de Colaboración Internacional de los Estados Unidos (USAID), el Ministerio de Justicia de Singapur, así como la Fundación Bill y Melinda Gates, con sede en la Ciudad de Washington D.C. y presencia en Sudáfrica, Singapur, Túnez, Qatar, México, Filipinas, Brasil y Gambia.
WJP elabora el Índice de Estado de Derecho, en donde se evalúa a 126 países con una perspectiva ciudadana y con el acompañamiento de expertos para presentar un diagnóstico de las capacidades institucionales por país y, en el caso de México, por entidad federativa.
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