
La Organización Nacional Anticorrupción destacó que los estados de Querétaro y Tlaxcala fueron los únicos a nivel nacional con 0% de impunidad en delitos de corrupción
Con una calificación de 44.1 puntos sobre 100, el estado de Querétaro fue la entidad federativa mejor evaluada en el Índice de Corrupción Estatal 2018-2021, el cual fue elaborado por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA).
Posteriormente, se ubicaron los estados de Tlaxcala (51.7), Campeche (56.6), Yucatán (62.0), Chiapas (63.5), Oaxaca (64.5). Colima (65.9), Michoacán (66.4), Veracruz (66.8) y Nayarit (66.9).
“Sumado a posicionarse en los últimos lugares de incidencia e impunidad penal, la entidad posee uno de los índices más bajos de percepción de corrupción, que alcanzó una reducción de hasta -10.4 por ciento en la encuesta de calidad e impacto gubernamental 2021”, destacó la institución.
Asimismo, resaltó que la percepción promedio de la frecuencia de corrupción en territorio queretano se ubicó en 68.2 por ciento entre 2019 y 2021, es decir, alcanzó el porcentaje más bajo a nivel nacional.
“Del mismo modo, aun siendo la décimo primera entidad con más frecuencia de faltas administrativas en el país, de 124.43 por cada 100 mil habitantes, refleja un índice de punibilidad por encima de la media nacional, con sanciones dictadas en 25.1 de cada 100 casos. Esas cifras, en conjunto, lo convierten en la única entidad catalogada dentro de un contexto de corrupción media”, enfatizó.
La ONEA puntualizó que los estados de Querétaro y Tlaxcala registraron cero por ciento de impunidad penal en delitos de corrupción. En contraste, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí tuvieron 100 por ciento de impunidad.
“En total, entre 2018 y 2021 fueron radicados 2 mil 947 expedientes administrativos contra funcionarios queretanos; de los cuales, 741 derivaron en la aplicación de sanciones. El 40.8 por ciento se concretó en amonestaciones de carácter público y privado, 20.9 por ciento en penalizaciones económicas, 14.7 por ciento en la suspensión del sector público, 16.3 por ciento en su inhabilitación y siete por ciento a otro tipo de sanciones”, agregó.
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