Experto advierte ambigüedades en nueva ley contra la extorsión

Andrés Solís Álvarez señaló que la ley no establece estrategias de investigación, inteligencia ni medidas de política pública que permitan reducir el incremento del delito

El periodista Andrés Solís Álvarez advirtió que la nueva ley contra la extorsión, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, presenta “poca claridad” y podría prestarse a abusos en su aplicación por parte de autoridades. El autor del Manual de Autoprotección para Periodistas señaló que la ley no define con precisión las conductas que busca perseguir.

“Cuando las leyes no son lo suficientemente claras y no detallan la conducta a perseguir, se pueden prestar para abusos de cualquier autoridad”, dijo en entrevista con “Códigoqro”.

Agregó que la norma incorpora la idea de que una persona podría ser considerada cómplice por “tolerar” actos de extorsión, sin explicar a qué se refiere esa tolerancia ni cómo se acreditaría.

Sostuvo que la ley no establece estrategias de investigación, inteligencia ni medidas de política pública que permitan reducir el incremento del delito. “La ley por sí sola no va a reducir los casos de extorsión y menos si es la propia autoridad quien es copartícipe de este asunto”, afirmó.

Sobre las advertencias de organizaciones como Artículo 19, que han señalado que la reforma podría usarse para criminalizar el ejercicio periodístico, el especialista consideró que ese riesgo no está presente en el texto aprobado. Explicó que la ambigüedad se concentra en el concepto de “tolerar algo”, pero no en la labor informativa.

“Los periodistas no toleramos, informamos”, puntualizó. Indicó que cubrir o investigar casos de extorsión no convierte a un reportero en partícipe del delito, aun cuando conozca a los actores involucrados. Añadió que la referencia a “cualquier medio de comunicación o plataforma” tampoco define claramente si la norma se refiere a llamadas, mensajes o publicaciones que formen parte de una operación extorsiva.

Reiteró que el principal problema es la falta de precisión, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales. Aun así, insistió en que la ley, en su redacción actual, no contiene elementos directos que permitan perseguir penalmente al periodismo.

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