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Leonor Mejía Barraza, diputada local del PAN, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar el delito de cohabitación forzada con entre 8 y 15 años de prisión
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Leonor Mejía Barraza, presentó una iniciativa para tipificar la cohabitación forzada como delito en el Código Penal del Estado de Querétaro, con sanciones que van de ocho a 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 UMAS.
La propuesta busca adicionar un nuevo capítulo al marco penal estatal para sancionar a quienes obliguen, coaccionen o induzcan a niñas, niños, adolescentes o personas que no cuenten con la capacidad para comprender el significado del acto o resistirlo, a vivir en una relación equiparable al matrimonio.
Mejía Barraza señaló que, aunque desde 2019 el matrimonio infantil está prohibido en todo el país, las uniones informales continúan ocurriendo sin supervisión legal, lo que representa una forma de violencia que priva a las infancias de sus derechos fundamentales y limita su desarrollo.
De acuerdo con datos citados de la organización Save the Children, más de 613 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven en uniones tempranas en México, y el 76 por ciento de los casos corresponde a niñas, quienes enfrentan mayores condiciones de desigualdad y exclusión.
La legisladora advirtió que la ausencia de este tipo penal en la legislación estatal permite que estas prácticas permanezcan invisibilizadas y en la impunidad, al tiempo que impide la intervención efectiva de las autoridades para proteger a las víctimas.
La iniciativa propone la incorporación del artículo 169 Bis al Código Penal de Querétaro, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, la salud, la libertad, la igualdad y una vida libre de violencia para las infancias.
En la presentación participó la exdiputada federal Jaqueline Hinojosa Madrigal, en representación de la activista Eufrosina Cruz, quien impulsó la tipificación del delito a nivel federal. La propuesta busca homologar la legislación local con el marco jurídico nacional vigente.