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Claudia Díaz Gayou, diputada local del PT, anunció que presentará su propia iniciativa de reforma judicial como alternativa a la que envió el gobernador Mauricio Kuri
La diputada local del PT, Claudia Díaz Gayou, informó que presentará ante Oficialía de Partes una iniciativa de reforma Constitucional al Poder Judicial del Estado de la 4T para la homologación con el marco legal local con el federal, la cual tendrá que analizarse y discutirse a la par de la que ingresó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.
Recordó que la 4T ya había presentado con antelación dos proyectos de iniciativa de reforma judicial cuyo proceso se agotó y, en este sentido, enlistó algunas de las ambigüedades que -sostuvo- presenta la iniciativa del Poder Ejecutivo; por ejemplo, que señala que debe haber “al menos” 13 magistrados cuando tienen que ser solo el número exacto, además de que amplía el catálogo de quienes pueden aspirar al cargo.
“Si tenemos los requisitos de quienes quieran aspirar a ser jueces y magistrados, deben de venir en la Constitución y no nada más dejarlo a decir ‘y las otras leyes’ para poder poner en una Ley Orgánica del Poder Judicial y que puedan poner los requisitos a modo de su amigo, de su familiar, de su socio, del compadrazgo; tenemos que cerrar filas y que las reglas sean muy claras”, apuntó.
Dijo que la iniciativa de la 4T establece que debe elegirse un órgano de administración judicial, luego de que se elija a los nuevos magistrados; no obstante, subrayó, el Ejecutivo quiere nombrar a un titular “a modo” antes del proceso.
Recalcó que en cuanto a la duración del cargo, el proyecto del gobernador propone una elección escalonada permanente de siete magistrados por nueve años y de seis magistrados por seis años; por el contrario, la 4T busca respetar los principios de una duración constitucional del cargo de nueve años, con una renovación escalonada para evitar paralizar el Poder Judicial.
Indicó que están favor de que se legisle sobre los medios alternativos de solución de conflictos, pero acotó que debe cuidarse que en el arbitraje se cumpla con los requisitos de equidad y transparencia; enfatizó que el arbitraje no debe beneficiar a las grandes compañías, la élite o “familias del poder”.
