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La activista Maricruz Ocampo consideró que las dos iniciativas que presentó el diputado local Enrique Correa para evitar que deudores alimentarios evadan el pago de pensión al salir del país son “casi imposibles de cumplir”
La activista y directora general de Aliadas Incidencia Estratégica, Maricruz Ocampo Guerrero, consideró que las dos iniciativas que presentó el diputado local Enrique Correa Sada para evitar que deudores alimentarios evadan el pago de pensión al salir del país o establecerse en el extranjero son “casi imposibles de cumplir”.
Ya que en una de las dos iniciativas el legislador en el Congreso de Querétaro propone que cuando el deudor se encuentre en el extranjero o se desconozca su paradero, las autoridades puedan activar mecanismos de cooperación jurídica nacional e internacional para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, la activista refirió que se trata de un exhorto, pero no una obligación para otros países, además de que algunas disposiciones serían de carácter federal no local.
“Creo que este tipo de iniciativas al final de cuentas no tienen un propósito o son casi imposibles de cumplir. Mi primera pregunta es ¿cómo va a hacer que regrese a México?, un tratado de extradición jamás va a funcionar. Cuando una persona en esa situación se va del país lo que se manda es un exhorto (…) pero no obliga a las autoridades de otros lugares a resolver nada”, dijo.
Ocampo Guerrero enfatizó que se requiere una reforma integral en la que no solo se busque garantizar la pensión para hijas e hijos sino también para las madres que se quedan a su cuidado. Indicó que, en todos los casos, las y los jueces deben dictar medidas precautorias, incluso, a aquellas personas de las que no existe riesgo de que abandonen el país. Agregó que las medidas que contempla en la actualidad el Código Civil del estado son “absurdas”.
Correa Sada presentó dos iniciativas; en la primera, propone reformar el artículo 211 del Código Penal para que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando un deudor alimentario abandone el país o cambie su residencia al extranjero con el fin de evitar pagar la pensión alimenticia ordenada por un juez.
La segunda iniciativa plantea reformas al Código Civil del estado para permitir que los jueces dicten medidas preventivas cuando exista el riesgo de que el deudor alimentario salga del país para evitar sus responsabilidades.
