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Eric Silva Hernández, diputado local de Morena, respaldó el Plan B de la reforma electoral para reducir los recursoss públicos destinados a los congresos estatales
El diputado local de Morena en el congreso de Querétaro, Eric Silva Hernández, afirmó que la propuesta de reducción presupuestal a los congresos estatales incluida en el “Plan B” de la reforma electoral responde a una demanda ciudadana, por lo que consideró que no debe ser ignorada en el debate público.
“El ‘Plan B’ que plantea la presidenta es algo que demanda la ciudadanía. El recorte de recursos, revisar los cabildos, revisar las legislaturas estatales, es una petición ciudadana”, señaló, al referirse a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En ese contexto, indicó que la discusión también implica revisar el uso de recursos en la entidad. “Se debe revisar el gasto desmedido que se está teniendo el día de hoy en Querétaro, así como en muchas otras partes de México (…) la austeridad es un lema de la Cuarta Transformación y del que debemos predicar con el ejemplo”, declaró.
El legislador sostuvo que la oposición deberá fijar postura con argumentos. “Vamos a escuchar voces tanto a favor como en contra (…) pero no deberían ir en contra de la voluntad popular, ni del plan de austeridad, porque eso se verá reflejado en obras y en mayores beneficios para los ciudadanos”, expresó.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, el Poder Legislativo de Querétaro ejercerá 433 millones 829 mil 914 pesos. De ese monto, 220 millones 391 mil 040 pesos corresponden a servicios personales; 117 millones 777 mil 670 pesos a transferencias, subsidios y ayudas; y 77 millones 337 mil 324 pesos a servicios generales.
Además, se destinan 17 millones 676 mil 798 pesos a materiales y suministros, así como 647 mil 082 pesos a bienes muebles, inmuebles e intangibles, lo que configura el gasto operativo del Congreso local.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó, durante su conferencia matutina de este martes, que el “Plan B” de la reforma electoral contempla establecer un tope de 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los Congresos locales.
