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Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, destacó que el Poder Judicial debe resolver sobre la solicitud de prisión preventiva para el médico imputado por abusos sexuales contra adultos mayores
El fiscal de Querétaro, Víctor de Jesús Hernandez, informó que el Poder Judicial del Estado aún no resuelve el recurso que interpusieron para que el médico, acusado de cometer presuntamente violación equiparada y abuso sexual en contra de sus pacientes adultos mayores, lleve su proceso en prisión preventiva y no en libertad con uso de brazalete electrónico.
“Nos inconformamos ante esta decisión judicial y solicitamos a la segunda instancia revisar la legalidad de esa determinación. Actualmente no han sido resueltos esos recursos que fueron promovidos, es decir, nosotros promovimos los recursos en contra de esa determinación y al día de hoy no han sido resueltos. Será propiamente el Tribunal Superior de Justicia, a través de la sala penal correspondiente, la que tendrá que emitir el pronunciamiento”, declaró.
Sobre el deceso de un motociclista al ser arrollado por un vehículo el pasado 2 de mayo, en Prolongación Tecnológico en las inmediaciones de la colonia San Pablo de la capital, el fiscal afirmó que ya tuvieron acceso a grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales analizarán. Puntualizó que la persona probable responsable se encuentra detenida.
Por otra parte, reiteró que derivó de un infarto, y no de una agresión directa, la muerte del árbitro de futbol el 12 de abril en un campo deportivo en Los Olvera de Corregidora.
No obstante, subrayó: “Seguiremos trabajando y brindando todo el apoyo y acompañamiento a la familia sobre todo porque buscamos que ellos tengan acceso a la verdad y que de esta manera puedan estar convencidos de lo que realmente sucedió”.
Sobre el lanzamiento de la convocatoria para la integración del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de Personas emitida por el Congreso de Querétaro, externó que este debe integrarse obligatoriamente y que “como nunca antes en la historia”, la ciudadanía organizada tiene un “diálogo abierto, frontal y directo con las personas servidoras públicas” de la Fiscalía General del Estado.