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La diputada local del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, encabezó el primero de tres foros para la creación de una iniciativa de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas
En la sede del Congreso local se realizó el primero de tres foros convocados para la construcción de la iniciativa de Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, con el propósito de analizar los alcances de la futura legislación y recabar propuestas de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y autoridades.
Durante la jornada, encabezada por la diputada local del PT, Claudia Díaz Gayou, se abordaron temas relacionados con el objetivo de la ley, la definición de las personas sujetas de protección, el alcance de la norma, la estructura del sistema estatal de protección y las atribuciones que corresponderían a las autoridades.
La legisladora explicó que las aportaciones obtenidas durante los foros servirán para fortalecer la iniciativa y definir aspectos como la creación del órgano encargado de operar el sistema estatal de protección, así como la previsión de recursos presupuestales para su funcionamiento, en caso de que la legislación sea aprobada.
En el encuentro, periodistas participantes señalaron la importancia de que la ley establezca con claridad quiénes podrán acceder a los mecanismos de protección.
Asimismo, expusieron problemáticas que enfrentan durante el desarrollo de su actividad, entre ellas acoso, difusión de datos personales, obstáculos para realizar coberturas informativas, incumplimiento de pagos, condiciones laborales precarias y agresiones derivadas de opiniones difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales.
También plantearon que la legislación diferencie las funciones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos para que las medidas de protección respondan a las particularidades de cada sector.
El proceso continuará con sesiones programadas para el 6 y 13 de julio, en las que se discutirán temas relacionados con la coordinación institucional, las medidas de protección, los mecanismos de control, las responsabilidades de las autoridades y el financiamiento del sistema estatal.