En este artículo
El representante de la Segob en Querétaro, Samuel Mena, señaló que en el avance se consideran tanto las indemnizaciones correspondientes que ya se pagaron a las y los ejidatarios y las que se encuentran en trámite
Samuel Mena Stadelmann, representante de la Segob en el estado de Querétaro, refirió que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hay un avance del 90 por ciento en la liberación del derecho de vía como parte de la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro.
Explicó que en el avance se consideran tanto las indemnizaciones correspondientes que ya se pagaron a las y los ejidatarios y las que se encuentran en trámite.
“Llevamos muy buen avance; ese tema lo trae directamente Sedatu y también directamente desde México se están haciendo todas las negociaciones. En la última reunión que tuvimos en el tramo México-Querétaro, ese trae aproximadamente ya un avance del 90 por ciento. Van muy, muy avanzados en el tema de las indemnizaciones”, afirmó.
Señaló que, en específico, en el tramo 12 del proyecto, que es el que llega hasta la ciudad de Querétaro, el avance en la liberación del derecho de vía es del 80 por ciento.
“Las obras se están ejecutando, inclusive haciendo el tramo. Es un decreto que tiene la presidenta y (…) es una obra prioritaria para la administración de la Federación. A todos se les está pagando y se está cumpliendo al 100 por ciento, mostrando, por supuesto, toda su documentación y todo en orden”, dijo.
En su momento, el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos García Villaseñor, sostuvo que, en el proceso de liberación de vía, que se inició ante el desarrollo de la obra de construcción del tren México-Querétaro, el gobierno federal pagará a las y los ejidatarios poco por arriba del precio catastral de cada terreno de acuerdo al valor calculado por el Registro Agrario Nacional (RAN).
Indicó que cuando las y los ejidatarios aceptan el convenio, les pagan el 90 por ciento del costo del terreno y el 10 por ciento restante, cuando ante las notarías se haya puesto el predio a nombre del Gobierno de México.