Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para crear una ley general contra la extorsión
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para crear una ley general contra la extorsión, delito que, reconoció, sigue en aumento en México.
La propuesta busca modificar el artículo 73 de la Constitución para que la extorsión sea perseguida de oficio en todo el país, otorgando al Congreso facultades para establecer un marco legal homogéneo a nivel nacional.
“Hoy lo enfrentamos con una estrategia nacional que ya comenzó a implementarse, pero que necesita respaldo legal para ser realmente efectiva”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.
Entre las acciones implementadas se encuentra el uso del número 089 como línea anónima para denunciar extorsiones sin necesidad de identificarse, con el objetivo de proteger a las víctimas y facilitar las denuncias.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, explicó que la reforma incluirá la extorsión entre los delitos para los que el Congreso puede establecer leyes generales, junto con el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la tortura.
Además, se buscará establecer un tipo penal único, con agravantes, sanciones específicas, delitos relacionados y mecanismos de prevención, atención y reparación del daño.
Sheinbaum subrayó que, con esta reforma, el Estado asumirá la responsabilidad de investigar y perseguir el delito, eliminando la carga que actualmente recae sobre las víctimas. “La víctima somos todas y todos, la víctima es el Estado”, declaró.
El anuncio se da tras la presentación oficial, el pasado domingo 6 de julio, de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y coordinada por el Gabinete de Seguridad.
Dicha estrategia contempla acciones como detenciones mediante inteligencia, capacitación de operadores del número 089, bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el delito, y operativos en cárceles para incautar equipos de comunicación usados en extorsiones.
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