El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó investigación a escoltas de Carlos Manzo; en tanto, dijo que los peritajes continúan para determinar qué arma causó la muerte tanto del atacante como del alcalde
Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que los policías municipales asignados como escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ya han rendido declaración ante las autoridades tras el ataque armado en el que el edil murió el pasado 1 de noviembre.
En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que uno de los escoltas del alcalde reconoció haber disparado contra el agresor, aunque aclaró que los peritajes continúan para determinar qué arma fue la que causó la muerte tanto del atacante como del propio alcalde.
“En efecto, esa declaración que usted dice (disparo al asesino tras tenerlo sometido) la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor y la que también dispara en contra del presidente municipal”, dijo.
García Harfuch indicó que los elementos municipales no se encuentran detenidos, pero han sido localizados y acuden a declarar cada vez que son requeridos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, instancia que lleva la investigación.
Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, informó que actualmente el Ejército mantiene desplegados a 70 escoltas asignados a la protección de funcionarios públicos, con más de 450 elementos operativos dedicados a esta tarea.
“Hasta el momento, personal de la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas. No se han recibido en los últimos días solicitudes adicionales, pero estamos atentos”, mencionó.
Además, explicó que la asignación de escoltas federales sigue un protocolo que incluye una solicitud formal, un análisis de riesgo elaborado por la SSPC y la evaluación del nivel de amenaza, antes de que se otorgue el servicio de protección.
Con información de: El Economista
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