Sheinbaum defiende resolución de SCJN para permitir que UIF congele cuentas

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Tras el fallo de la SCJN que avala la constitucionalidad de la facultad de la UIF para congelar cuentas sin una orden judicial previa, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución; subrayó que el objetivo es prevenir delitos financieros

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aseguró que el organismo no bloquea cuentas bancarias de personas o empresarios que no estén vinculados con operaciones de lavado de dinero, en el contexto del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera, la mandataria explicó que la resolución del máximo tribunal confirma un criterio que ya había sido establecido por instancias judiciales previas, y subrayó que la UIF mantiene como función central prevenir delitos financieros.

Sheinbaum destacó que la facultad de inmovilizar cuentas no es nueva, sino que históricamente ha formado parte de las herramientas del Estado para combatir el flujo de recursos ilícitos. “La UIF nunca, en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero”, afirmó.

Congelamiento de cuentas, clave contra el crimen

La presidenta señaló que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva que permite frenar la dispersión de recursos de procedencia ilícita mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

En ese sentido, destacó que durante su administración se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos presuntamente vinculados a actividades ilegales, como parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. También rechazó que estas acciones tengan motivaciones políticas y sostuvo que se trata de procedimientos técnicos sustentados en labores de inteligencia financiera.

Sheinbaum recordó que las personas cuyas cuentas sean congeladas tienen derecho a recurrir a mecanismos legales, como el amparo, para impugnar la medida.

Explicó que, conforme a la legislación vigente, estos procesos deben resolverse en un plazo aproximado de seis meses, lo que dijo garantiza certeza jurídica sin frenar las investigaciones.

El posicionamiento de la mandataria se da luego de que la SCJN avalará la constitucionalidad de la facultad de la UIF para congelar cuentas sin necesidad de una orden judicial previa, al considerar que se trata de una medida preventiva y no de una sanción.

El fallo establece que esta herramienta es fundamental para combatir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, al permitir una actuación inmediata ante posibles irregularidades en el sistema financiero.

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